La defensa de Rocío San Miguel, destacada activista venezolana y presidenta de la ONG Control Ciudadano, ha reiterado su demanda de que la operación para tratar su fractura en el hombro derecho se realice en libertad y por médicos de su confianza. Esta solicitud surge seis meses después de que San Miguel sufriera la mencionada fractura.
El abogado de San Miguel, Juan Luis González Taguaruco, ha expresado su oposición a que el régimen venezolano decida el equipo médico y el centro de salud donde se llevaría a cabo la cirugía. González Taguaruco denunció la falta de claridad sobre si, y cuándo, se llevará a cabo el procedimiento médico.
En un contexto de preocupación por la seguridad de San Miguel, el ministro de Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, anunció la desarticulación de una «red de coyotes internos». Según Cabello, dicha red planeaba el rescate de San Miguel y otro detenido durante su traslado a una clínica para la operación. Ante estas declaraciones, González Taguaruco manifestó que la activista teme por la posibilidad de ser «sustraída sin su autorización» durante dicho traslado.
El proceso judicial contra San Miguel ha enfrentado múltiples demoras. Su abogado denunció que el inicio del juicio oral y público, que también involucra a su expareja Alejandro González, fue aplazado hasta el 31 de marzo debido a la falta de traslado de los acusados al juzgado.
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar junto a su hija. La Fiscalía la acusa de estar implicada en una «trama conspirativa» para atentar contra el líder del régimen, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios. Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel habría proporcionado información sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a diplomáticos de otros tres países.
Rocío San Miguel es una reconocida abogada y activista de derechos humanos en Venezuela. Su labor se centra en la supervisión de temas de seguridad, defensa y la Fuerza Armada Nacional. San Miguel es la presidenta de Control Ciudadano, organización no gubernamental fundada en 2005 para promover la contraloría ciudadana en asuntos militares y de seguridad.
Con una trayectoria en el sector público que inició en el año 2000, San Miguel ha monitoreado, desde Control Ciudadano, el cumplimiento de compromisos internacionales tales como el Estatuto de Roma y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ha subrayado la importancia de la transparencia y el respeto a los derechos humanos en el ámbito militar.
