La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves 29 de enero que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, fue una iniciativa previamente estudiada junto a Nicolás Maduro y está orientada a atraer inversiones y desarrollar campos no explotados en beneficio del pueblo venezolano.
Rodríguez sostuvo que la modificación del marco legal del sector petrolero no fue una decisión improvisada. “Hay quienes piensan que esta ley la sacamos de repente; no. Esta ley la habíamos estudiado, su reforma, junto a Maduro. Me siento emocionada de poder decirle que estamos cumpliendo”, expresó durante un acto público desde el Palacio de Miraflores.
La mandataria destacó que la reforma se produce 12 días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos. En su intervención, defendió que la normativa busca aprovechar campos petroleros no explotados y generar beneficios para la población venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos introduce cambios significativos en la estructura de control y en las condiciones económicas de los proyectos petroleros. Entre las modificaciones más relevantes, se flexibilizan las condiciones fiscales y se reduce el control del Parlamento sobre la constitución y operación de las empresas mixtas, al tiempo que se abre espacio a una mayor participación operativa del sector privado.
En el ámbito de la gestión de los proyectos, la ley permite que empresas privadas asuman la gestión técnica y operativa, una facultad que hasta ahora estaba reservada a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Aunque la estatal mantendrá al menos 50% de participación en las empresas mixtas, el socio privado minoritario podrá asumir el control operativo. Por primera vez, además, se contempla que estas compañías privadas puedan comercializar directamente el crudo venezolano.
En materia fiscal, la reforma mantiene la regalía petrolera en 30%, pero incorpora la posibilidad de reducir ese porcentaje según la viabilidad económica de cada proyecto. También autoriza al Ejecutivo a disminuir la tasa del impuesto sobre la renta bajo criterios similares. Adicionalmente, se derogaron normas que obligaban a las empresas a pagar contribuciones especiales cuando el precio del petróleo alcanzaba niveles considerados “extraordinarios” y se eliminaron impuestos parafiscales asociados a ciencia y tecnología, deportes, lucha antidrogas y pensiones.
El economista Orlando Ochoa, consultor independiente y senior visiting fellow del Oxford Institute of Energy Studies, calificó estas medidas como una “racionalización inicial” de la carga fiscal, aunque advirtió que persiste una alta discrecionalidad del Ejecutivo en la aplicación de regalías e impuestos.
Otro cambio central de la reforma es la introducción de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos contractuales, como el arbitraje, lo que se presenta como un elemento de interés para inversionistas extranjeros tras las estatizaciones forzosas ejecutadas durante el gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, el texto no especifica si se trata de arbitraje internacional. Según Ochoa, esta omisión genera una ambigüedad jurídica relevante, especialmente considerando que la Constitución establece que los contratos de interés público deben resolverse en tribunales nacionales.
En línea con la reducción del control parlamentario, la nueva ley elimina la obligación de que el Parlamento apruebe los contratos petroleros y limita su rol a recibir información sobre los mismos. Durante la sesión legislativa, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó esta disposición y sostuvo que se trata de acuerdos de interés público que deberían estar sometidos al control legislativo.
Rodríguez celebró el respaldo unánime a la reforma y agradeció a sectores de la oposición que apoyaron la nueva normativa, señalando que el voto unánime “simboliza la cohesión nacional”. “¿De qué sirven las reservas más grandes de petróleo del planeta si no las podemos convertir en salarios, hospitales, alimentación y educación?”, se preguntó la mandataria, quien afirmó que la ley reafirma la soberanía sobre los recursos energéticos.
La presidenta encargada informó además sobre una llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, y aseguró que ambos países están dando “pasos importantes”, entre ellos el levantamiento de restricciones al espacio aéreo comercial venezolano. “Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. Que vengan los inversionistas que tengan que venir”, expresó, al referirse a reuniones recientes con empresas petroleras transnacionales de Europa y Asia.
Rodríguez adelantó, igualmente, que el primer barco para la exportación de gas ya se encuentra en el país y partirá en las próximas horas, sin ofrecer detalles sobre su destino. Según la mandataria, este envío se enmarca en los esfuerzos por aprovechar las nuevas condiciones legales para impulsar la actividad energética.
El Nacional
