Familiares de presos políticos recluidos en el Centro Penitenciario de Tocorón, ubicado en el estado Aragua, han denunciado lo que consideran una grave vulneración a los derechos humanos y a la libertad de culto. Según los informes, los detenidos están siendo forzados a participar en actividades religiosas de la fe evangélica, y quienes se niegan a hacerlo enfrentan la posibilidad de castigos severos.
El incidente que ha generado mayor preocupación ocurrió el 31 de diciembre de 2024. En esa ocasión, los internos fueron obligados a escuchar música cristiana de manera continuada durante varias horas. Fuentes allegadas indican que aquellos que mostraron resistencia a participar en las actividades religiosas fueron amenazados con represalias que podrían incluir restricciones en las visitas, aislamiento y tratos degradantes por parte de las autoridades del penal.
El director del centro penitenciario, identificado como simpatizante de la religión evangélica y con presuntas conexiones cercanas con el ministro del Servicio Penitenciario, habría establecido un acuerdo para promover la evangelización dentro de la prisión. Esta situación ha llevado a una imposición directa de prácticas religiosas a los reclusos, lo cual limita su libertad y viola sus derechos fundamentales.
La Constitución venezolana, en su artículo 59, garantiza la libertad de religión y culto, afirmando que «toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y a manifestarla». De igual modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela es signataria, protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión, prohibiendo cualquier coacción que afecte estas libertades.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ha declarado que estas denuncias reflejan la creciente preocupación por la falta de garantías y el deterioro de los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario venezolano. Según Prado, «lo que está ocurriendo en esta cárcel es una violación flagrante de los derechos humanos y de la libertad de culto».
La situación de los presos políticos en Venezuela ha sido motivo de preocupación para la comunidad internacional. Diversos informes han señalado que, además de la persecución judicial, estos detenidos sufren torturas, tratos crueles e inhumanos, y condiciones incomprensibles de reclusión. Ahora, la imposición de una religión se suma a la lista de violaciones a sus derechos fundamentales.
Ante esta situación, los familiares de los presos políticos han solicitado la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. «No solo están injustamente encarcelados, sino que además se les somete a un adoctrinamiento forzado», expresó un familiar de un detenido en Tocorón.
El OVP ha hecho un llamado urgente a las autoridades penitenciarias para que se garantice la libertad de culto y se cesen todas las prácticas de coerción religiosa. También exhorta a la comunidad internacional a pronunciarse y a presionar para que se respeten los derechos de los presos políticos y sociales en el país.
Prado concluye que «la libertad de culto es un derecho inalienable, y su violación refleja una sistemática vulneración de derechos humanos en Venezuela». La organización reitera su compromiso de seguir denunciando estos atropellos y exigiendo condiciones dignas para la población penitenciaria del país.
