La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha denunciado un «amedrentamiento» por parte de agentes del régimen de Nicolás Maduro durante una manifestación reciente. El evento, que contó con la presencia de familiares de presos políticos y otros detenidos, tuvo lugar en el contexto de la crisis que siguió a la controvertida reelección de Maduro en los comicios de julio de 2024.
Según informó la ONG a través de la plataforma X, agentes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), equipados con armas de fuego, fueron vistos grabando y fotografiando a los manifestantes. Estas acciones, calificadas por la organización como actos de intimidación, buscan, en su opinión, silenciar las denuncias y vulnerar el derecho a la protesta. La manifestación, que se desarrolló de manera pacífica, culminará el viernes tras un recorrido por varios puntos clave de Caracas, incluyendo la Defensoría del Pueblo.
La ONG enfatizó que este tipo de acciones revictimizan a las personas que ya han sufrido la represión y exigen justicia. Además, resaltó que estas prácticas ignoran la Constitución venezolana, que prohíbe la presencia de funcionarios armados en manifestaciones pacíficas y garantiza el derecho a la libre expresión sin temor a represalias.
El contexto de esta denuncia se enmarca en la protesta denominada ‘Ruta por la justicia y libertad’, organizada por familiares de los detenidos y activistas de derechos humanos. Este movimiento contempla una serie de protestas en Caracas, incluyendo paradas en instituciones clave como el Ministerio del Servicio Penitenciario y la Fiscalía.
Además, los familiares de los detenidos han solicitado que se permita el nombramiento de “abogados de confianza” para representar a sus seres queridos, argumentando un posible “conflicto de intereses” con los defensores públicos designados por el régimen chavista. Sol Ocariz, hermana de uno de los detenidos, fue una de las voceras que expresó estas preocupaciones a las afueras del Palacio de Justicia de Caracas.
En un documento dirigido a la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington, se alertó sobre “violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales”. La declaración añadió la demanda de acciones concretas para lograr la liberación inmediata de los detenidos, muchos de los cuales fueron arrestados durante las protestas poselectorales que siguieron a la controvertida victoria proclamada a favor de Maduro.
A pesar de las cifras proporcionadas por la Fiscalía de que más de 1,900 personas han sido excarceladas tras una revisión de medidas, la ONG Foro Penal —líder en la defensa de los considerados «presos políticos»— cuestiona la veracidad de estas cifras. Hasta el 17 de febrero, Foro Penal contabilizaba 1,061 personas como “presos políticos”, lo que incluye detenidos tanto antes como después de las elecciones de julio pasado. La Fiscalía y el régimen de Maduro niegan la existencia de detenidos por razones políticas, asegurando que todos los individuos arrestados han cometido delitos.
