Denuncian traslado de trabajadores petroleros desaparecidos a cárceles en Venezuela

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Publicada: julio 12, 2025
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Iván Freites, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores del Petróleo (FUTPV), ha denunciado públicamente el traslado de trabajadores petroleros que previamente fueron reportados como desaparecidos. Según Freites, estos trabajadores han sido llevados a las cárceles de Yare II y III, conocidas por ser dos de las más peligrosas de Venezuela, situadas en el estado Miranda.

En una publicación reciente en su cuenta en la red social X, el representante sindical ofreció detalles sobre la situación. «Este 10 de julio, los trabajadores petroleros secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro y su aparato represivo lograron comunicarse brevemente con sus familiares. Solo durante cinco minutos, pudieron informar que fueron trasladados: un grupo a Yare II y otro a Yare III«, comentó Freites.

Además, Freites subrayó la gravedad del caso, resaltando que, a más de un mes de su desaparición forzada, el régimen no ha proporcionado información oficial ni ha presentado cargos contra los trabajadores. Tampoco ha reconocido públicamente las detenciones.

Denuncias de violaciones de derechos humanos

Freites también denunció que se ha cometido una violación flagrante a los derechos humanos y calificó esta situación como un nuevo episodio de represión contra los trabajadores petroleros. En su mensaje, exigió la liberación inmediata de sus colegas y denunció la criminalización del trabajo y la protesta. «Exigimos la liberación inmediata de todos los trabajadores secuestrados. Denunciamos la criminalización del trabajo y la protesta. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse con firmeza ante esta barbarie», escribió Freites.

A inicios de julio, Freites acusó al general Gustavo González López, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y actual jefe de la policía interna de Pdvsa, de liderar personalmente las detenciones, los interrogatorios forzados y las amenazas dirigidas contra los trabajadores del sector. Estas acciones han generado preocupación entre los defensores de derechos humanos y organizaciones laborales tanto a nivel nacional como internacional.

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