La reciente designación de Maryuri Martínez como directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda, ha desatado una ola de preocupación y controversia. Familiares de las internas expresan temores por la integridad física y mental de las mujeres privadas de libertad, dadas las acusaciones previas contra Martínez durante su gestión en la cárcel de Tocuyito.
Martínez, conocida con el apodo de “Lucifer”, enfrentó múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos mientras dirigía el anexo femenino del Complejo Penitenciario de Carabobo. Denuncias de familiares de las presas en 2021 apuntan a que Martínez ejercía un trato cruel y despótico tanto hacia las internas como hacia sus familiares. Entre las prácticas denunciadas se encuentran la limitación arbitraria del acceso a alimentos y la humillación de visitantes.
Una interna, en declaraciones a un medio de comunicación, describió las prácticas de Martínez, afirmando: “Ella no piensa que tal vez ese familiar no vuelva a regresar a una visita hasta que pueda comprar los útiles necesarios para la privada de libertad que visita. ¿Dónde quedan las leyes y los derechos humanos?”.
La llegada de Martínez al INOF se produce tras la detención de la exdirectora Ahiza Maestre, quien fue arrestada en el penal durante una requisa, acusada de permitir el ingreso de celulares para las internas. Maestre fue imputada por delitos de retraso u omisión agravada de funciones e introducción ilícita de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios, encontrándose varios dispositivos en su chaqueta, pertenecientes a internas de su confianza.
A pesar de que Maestre también fue objeto de críticas por su gestión, incluyendo malos tratos y la interceptación de artículos enviados por los familiares, la elección de Martínez ha encendido alarmas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha expresado su preocupación, señalando que la designación de una persona con antecedentes de presuntos abusos contradice los principios de respeto y protección que deben regir en el sistema penitenciario.
La Patilla