La detención arbitraria del ingeniero Lewis Mendoza ha generado una ola de indignación dentro y fuera de Venezuela. Mendoza, quien se desempeña como coordinador de la organización Somos Trujillo en el municipio Miranda, fue arrestado por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro tras ser objeto de hostigamiento y persecución desde el 30 de septiembre.
Según informaciones de allegados, agentes de seguridad del Estado llevaron a cabo un asedio de más de 30 horas frente a la vivienda de Mendoza, amenazando con entrar por la fuerza. Ante el riesgo que sufría su familia, especialmente un menor de edad, Mendoza decidió entregarse voluntariamente. Desde ese momento, su paradero y las condiciones de su detención permanecen desconocidos.
En una entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, denunció que lo ocurrido con Mendoza no es un incidente aislado, sino parte de una estrategia más amplia de represión. «El régimen de Nicolás Maduro está intensificando su asalto contra la ciudadanía que lucha por la libertad. Esto no fue una detención más, fue un acto de terror«, afirmó Moreno.
Moreno añadió que, desde el 2 de septiembre hasta la fecha, se han contabilizado 27 opositores secuestrados en el país «simplemente por pensar distinto». En el estado Trujillo, 13 ciudadanos han sido víctimas de esta represión selectiva.
La indignación se intensificó cuando, en medio de estas denuncias, Maduro inauguró la temporada navideña desde el principal centro de detenciones del país, un gesto percibido como una burla para los familiares de los presos políticos. «Ellos quieren debilitar la fuerza democrática, pero este tipo de actos solo confirman la naturaleza criminal del régimen», concluyó Moreno.
El caso de Mendoza se ha convertido en un símbolo de la situación crítica de los derechos humanos en Venezuela, atrayendo la atención internacional y subrayando la urgencia de una respuesta efectiva por parte de la comunidad internacional.
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