Un grupo de 193 detenidos ha iniciado una huelga de hambre en diversos calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el estado Lara, Venezuela. La protesta comenzó a las 8:00 a. m. del 4 de noviembre, cuando 48 presos de la subdelegación Barquisimeto decidieron no consumir alimentos regulares, comunicando su decisión tanto a sus familiares como a las autoridades.
El reclamo central de los manifestantes radica en el hacinamiento, el retardo procesal y las condiciones inhumanas en las que viven. Estos factores, según argumentan, son los que han motivado esta acción de protesta. Posteriormente, se unieron a la huelga otros 69 detenidos de la subdelegación San Juan y 76 más del Eje de Homicidios, sumando así el total de 193 personas.
Keisy Albuja, familiar de uno de los detenidos, describe las condiciones de encarcelamiento como extremadamente precarias. Los presos, dice, habitan en celdas diminutas, durmiendo sobre hamacas improvisadas, colchones en el suelo, o incluso sobre cartones. El acceso al agua potable es limitado, la temperatura elevada afecta especialmente a los adultos mayores y a los hipertensos, y no se dispone de atención médica en ninguna de las sedes.
La falta de respuesta efectiva por parte del Cicpc preocupa tanto a los familiares como a los observadores. Un representante de la Fiscalía 13, con competencia en temas penitenciarios, visitó a los encarcelados prometiendo mesas técnicas y revisión de expedientes, pero los detenidos han rechazado esta oferta, exigiendo acciones concretas.
Los detenidos demandan además ser trasladados a centros penitenciarios adecuados dentro del estado Lara, como el Centro Penitenciario David Viloria o la Comunidad Penitenciaria Fénix, donde podrían recibir beneficios que se les niegan en su situación actual debido a la falta de traslados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha manifestado su preocupación por la salud e integridad de los detenidos, insistiendo en que las demandas no son privilegios, sino derechos humanos fundamentales. Esta huelga es la segunda en el estado Lara en lo que va del año, reflejando un patrón de promesas no cumplidas tras la movilización nacional anterior.
En un comentario final, el OVP urge a que los órganos competentes atiendan las demandas, recordando que el artículo 68 de la Constitución venezolana garantiza a los ciudadanos el derecho a manifestarse pacíficamente.
La situación actual plantea un desafío significativo para las autoridades, quienes deberán considerar las solicitudes de los presos para evitar un deterioro mayor de sus condiciones de salud y respetar sus derechos humanos.
