En un evento significativo en medio de la creciente tensión política en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la detención de un presunto financista detrás de las recientes protestas en la localidad de Petare.
Durante una alocución transmitida por televisión, Maduro afirmó que la captura ocurrió durante un operativo de allanamiento realizado por fuerzas de seguridad del Estado, en el cual se incautaron importantes evidencias.
«Este individuo fue el principal responsable de financiar actos de violencia y desorden público, mandando a quemar y pagando a quienes participaron», señaló Maduro. Además, reveló que durante el allanamiento se encontraron cajas de una pastilla conocida como Captagon, un estimulante utilizado, según el mandatario, por mercenarios de Estados Unidos.
«A estos delincuentes les administran una pastilla que actúa como un acelerador, llevándolos a actuar sin escrúpulos ni límites. Esto es parte de un plan para desestabilizar al país», agregó.
Maduro, que previamente había declarado que los manifestantes estaban consumiendo esta droga sintética, vinculó a la oposición en la organización de las protestas, que estallaron el 29 de julio tras alegaciones de fraude electoral en la reciente contienda. «Cada manifestante estaba recibiendo hasta 150 dólares para participar en estas guarimbas violentas», dijo, sugiriendo que las protestas fueron orquestadas con apoyo financiero externo.
El presidente acusó específicamente a miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, y a allegados de Edmundo González Urrutia de reclutar a individuos para instigar disturbios en el país.
Por otro lado, rechazó con vehemencia los recientes actos de vandalismo contra estatuas de Hugo Chávez en varias regiones, responsabilizando directamente a Machado. «Esta demonia no olvida cuando el comandante le advirtió que ‘águila no caza mosca’. Por cada estatua derribada, levantaremos mil más en los barrios», amenazó Maduro.
No obstante, diversas organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la creciente represión del régimen chavista hacia las manifestaciones civiles, indicando que más de 2.000 personas han sido detenidas desde las elecciones presidenciales. La postura oficial niega la legitimidad de las protestas, acusando a los manifestantes de ser «guarimberos» que buscan crear un clima de caos en el país.