En un encendido intercambio de acusaciones, Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, acusó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de cobrar 2.000 dólares por cada migrante venezolano deportado desde Estados Unidos. Cabello calificó a Bukele de «secuestrador», afirmando que el mandatario salvadoreño tiene «secuestrados a venezolanos» y que cobra una «recompensa» por ellos, sin que el mundo reaccione ante tal situación.
Durante su programa semanal Con el mazo dando, Cabello expresó su rechazo a las acusaciones que vinculan a los migrantes venezolanos con la banda transnacional Tren de Aragua, asegurando que la mayoría de los deportados no tiene relación con el grupo criminal. Tachó el proceso de deportación como «un negocio con seres humanos» y advirtió que Bukele podría enfrentar a la justicia estadounidense en el futuro. En sus declaraciones, lo calificó de «fascista» y «lacayo».
Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció la recepción de 238 migrantes venezolanos el pasado 16 de marzo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un recinto de máxima seguridad en El Salvador. Esta medida es parte de un acuerdo bilateral alcanzado con Estados Unidos, que implica un pago de seis millones de dólares por parte del país norteamericano a El Salvador, a cambio de albergar a aproximadamente 300 presuntos miembros del Tren de Aragua. La llegada de los migrantes fue acompañada de un fuerte despliegue de seguridad y medidas como el rapado de cabello y barba, en consonancia con la dura política de Bukele contra las pandillas.
Ante este panorama, el gobierno de Nicolás Maduro ha exigido a Estados Unidos y El Salvador que proporcionen «acceso inmediato a la información» sobre los migrantes venezolanos deportados, considerando que fueron «injusta e ilegalmente deportados». La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó las deportaciones como un secuestro y solicitó el retorno inmediato de estos individuos, que han sido acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal declarada terrorista por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump.
Este conflicto revela una compleja situación en torno a la migración venezolana, donde las acusaciones y acuerdos internacionales añaden múltiples capas a un problema de relevancia continental.
El Nacional
