Portuguesa.- A juicio del doctor Rafael Narváez, exparlamentario y abogado defensor en materia de Derechos Humanos y Civiles en el país, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está obligada a entregar a la Corte Penal Internacional (CPI) el sexto informe elaborado sobre casos de violaciones y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Al respecto, manifestó que la credibilidad de la ONU está en juego.
- El Consejo General de los DDHH de la ONU está intoxicado de tantos informes sobre las violaciones graves a los DDHH y crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos por el Estado venezolano.
Es imperativo que la ONU acuda de inmediato a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI para consignar formalmente este sexto informe, con la finalidad de demostrar que el Estado venezolano, a través de los organismos de seguridad, continúa manteniendo un patrón de persecución, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos con torturas – dijo.
Agregó que estos casos mencionados ocurren con total impunidad – según afirma – ante la mirada complaciente de un Sistema de Justicia que pareciera que se subordina ante los mismos organismos de seguridad.
Para Narváez, una de las maneras para que la ONU pueda reivindicarse ante las víctimas de crímenes de lesa humanidad, es precisamente designar al Alto Comisionado para los DDHH, Volker Turk, para que impulse el caso de Venezuela que actualmente procesa la CPI.
- Estamos en presencia de una conducta sistemática en contra de todas las garantías constitucionales, judiciales y de DDHH por parte de un sistema de justicia que, lamentablemente, dejará para la historia un lunar «negro» contra el debido proceso, contra sus mismas atribuciones establecidas en nuestra ya maltratada Constitución, esto debido a tanto incumplimiento por parte de un régimen político que decidió aniquilar y sepultar los DDHH en nuestro país – aseveró.
El jurista venezolano exigió al Estado el cese de los traslados clandestinos de los detenidos por razones políticas a cárceles comunes con un historial de violencia, liberar a familiares de tercera edad de dirigentes políticos o activistas que han sido detenidos con atropellos y allanamientos al margen de la ley.
Miguel Enrique Villavicencio
