Este miércoles, un documento divulgado en redes sociales por el abogado José Vicente Haro, en nombre del líder opositor Edmundo González, plantea una solicitud al Ministerio Público para que se respeten las garantías procesales, las cuales, según el escrito, no se han observado en las tres citaciones emitidas.
La carta argumenta que la «incomparecencia» de González no es un rechazo a la institucionalidad, sino una objeción a la falta de fundamento de dichas citaciones y a la judicialización de la política.
En el documento, González expresa su preocupación de que su comparecencia podría exacerbar la tensión social y contribuir a un contexto de judicialización política que considera perjudicial. «No era mi responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación», aclara el opositor, destacando que estas responsabilidades fueron manejadas por la Plataforma Unitaria Democrática.
González sostiene que no ha usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral, ya que la normativa electoral venezolana prevé la entrega de actas de escrutinio a los testigos acreditados. En su carta, enfatiza que su trayectoria de servicio público está guiada por el respeto a la legalidad y que el país se beneficiaría más de ampliar el campo de la política democrática que de restringirlo a través de la judicialización penal.
El Fiscal General, Tarek William Saab, tras una reunión de más de dos horas con el abogado Haro, anunció que el jueves realizará un comunicado al país. A través de la cuenta oficial de Instagram del Ministerio Público, Saab detalló que tanto el abogado como González reconocieron las competencias del órgano de justicia. La publicación concluyó con la promesa de revelar «toda la verdad» en el próximo anuncio.
Este desarrollo añade un nuevo capítulo en la compleja situación política en Venezuela, marcando un punto de tensión entre el liderazgo opositor y las autoridades judiciales del país.
