El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha emitido una enérgica condena a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra 16 funcionarios venezolanos. En un comunicado oficial difundido este jueves, el Ejecutivo venezolano ha calificado estas medidas como un «nuevo crimen de agresión» y ha rechazado «en los términos más enérgicos» las sanciones anunciadas por el gobierno estadounidense.
Estas sanciones afectan a altos funcionarios de diversas instituciones venezolanas, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional. Entre los sancionados se encuentran la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante.
El Gobierno venezolano ha denunciado que estas medidas coercitivas unilaterales son «ilegítimas e ilegales», y que constituyen una violación de la soberanía nacional. La administración de Nicolás Maduro ha enfatizado que estas sanciones buscan deslegitimar el proceso electoral y los resultados de los comicios celebrados en julio, en los que Maduro fue proclamado ganador.
El comunicado reitera la postura de Venezuela de que tales acciones son parte de un intento de injerencia externa y un ataque a la autodeterminación del país, al tiempo que reafirma el compromiso del Gobierno venezolano de defender sus instituciones y su soberanía frente a las presiones internacionales.
