El Helicoide, un emblemático edificio ubicado en la parroquia San Pedro de Caracas, ha dejado de ser un ícono arquitectónico para convertirse en uno de los centros de tortura más notorios de América Latina. Desde su transformación en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y centro penitenciario, ha sido escenario de graves violaciones de derechos humanos bajo el mandato de Nicolás Maduro.
Construido inicialmente en la década de 1950 con el propósito de ser un centro comercial, El Helicoide se encuentra ahora marcado por un oscuro legado de abusos y represión. A partir de 2010, el edificio fue reasignado para acoger a disidentes políticos, y desde entonces, informes de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y el Foro Penal Venezolano, han documentado torturas sistemáticas. Los testimonios recabados revelan atrocidades como golpizas, simulacros de ejecución y condiciones inhumanas de reclusión.
El Helicoide ha sido testigo de diversas manifestaciones de descontento por parte de los presos. Un hecho alarmante ocurrió el 16 de mayo de 2018, cuando los reclusos iniciaron un motín en protesta por la golpiza propinada a un compañero, Gregory Sanabria. Este y otros incidentes han resaltado la violencia y el abuso generalizado en el lugar.
Entre los casos más trágicos se encuentra el asesinato de Daniela Figueredo, de solo 19 años, quien fue ultimada por un funcionario policial mientras se encontraba bajo custodia. Organizaciones han señalado que, además de la violencia física, las mujeres detenidas sufren hostigamiento y abusos sexuales, generando un ciclo de miedo y silencio entre las reclusas.
El estado de las celdas en El Helicoide es igualmente alarmante. Los reclusos a menudo son confinados en espacios hacinados y en condiciones deplorables, con acceso limitado a agua y comida. Prisiones como «Preventiva I» y «Guarimbero» son solo ejemplos de las terribles condiciones de encarcelamiento que han sido documentadas, evidenciando un patrón de deshumanización que afecta principalmente a aquellos detenidos por motivos políticos.
Los organismos internacionales y defensores de derechos humanos continúan señalando la urgencia de abordar estos problemas y denunciar la violencia en El Helicoide. Las próximas acciones incluirán la elaboración de informes que serán presentados a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando visibilizar la situación crítica de los derechos humanos en Venezuela.
