Tocuyito, conocida por su Centro Penitenciario de máxima seguridad, se ha convertido en un verdadero «infierno» para los detenidos, quienes viven en condiciones que atentan gravemente contra sus derechos humanos. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ha revelado las duras condiciones a las que se enfrentan los privados de libertad, resaltando que el Estado no cumple con proporcionar una alimentación adecuada que debe incluir un mínimo de 3000 calorías diarias.
Las madres de los detenidos describen escenas desgarradoras al reunir por breves momentos con sus hijos, a quienes apenas pueden reconocer debido a la desnutrición y el estado deplorable de salud en que se encuentran. “No podemos darles un beso ni tocarlos, solo mirarlos a través de una mesa”, cuenta Derika, madre de uno de los jóvenes, describiendo la experiencia como “un infierno”.
Uno de los aspectos más alarmantes es la limitación del acceso al agua, donde los reclusos solo tienen derecho a dos vasos de agua por día. Los efectos de esta restricción son devastadores, causando problemas gastrointestinales que afectan seriamente su salud. “La falta de agua potable y adecuada es inaceptable”, expresó Yuleisy Romero, otra madre afectada.
La situación ha sido presentada ante organismos internacionales, con Carolina Jaiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, denunciando ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la represión y violaciones de derechos que enfrentan los detenidos a raíz de las manifestaciones postelectorales. Se destacan preocupaciones por las detenciones arbitrarias y condiciones de encarcelamiento inhumanas, que incluyen casos de desapariciones forzadas y represión selectiva.
Por si fuera poco, los familiares enfrentan vejaciones durante las visitas, que suponen requisas deshumanizantes antes de permitirles el contacto visual, ya que el contacto físico está prohibido. Las mujeres han denunciado que deben pasar por inspecciones humillantes, retirándose de las visitas sin saber cuándo podrían ver nuevamente a sus seres queridos.
A pesar de los esfuerzos del Comité de Madres en Defensa de la Verdad al presentar recursos de amparo y cartas ante el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía, exigiendo la libertad de los jóvenes y el respeto a sus derechos humanos, aún no se ha obtenido respuesta alguna por parte del Estado.
El Observatorio Venezolano de Prisiones hace un llamado urgente a las autoridades para que se respeten y garanticen los derechos humanos de los privados de libertad, tal como lo establece la Constitución de la República de Venezuela. Las violaciones continuas a estos derechos son un claro recordatorio de la crisis humanitaria y de derechos en marcha en el país.
