En un espacio donde la luz solar no penetra y la dignidad humana se encuentra comprometida, el sótano del Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, ubicado en Caracas, alberga a los llamados «privados de libertad» en circunstancias que desafían cualquier estándar de humanidad. Conocido como el Inframundo, este retén de la Policía Bolivariana (PNB) refleja una realidad sombría de hacinamiento extremo, insalubridad y corrupción.
Según el informe «Inframundo: La Amenaza Oculta en los Calabozos de Zona 7» presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), aproximadamente 90 detenidos conviven en esta celda sin ventilación ni acceso a baños. El equipamiento, que en sus inicios fue una estructura administrativa, no está diseñado para el alojamiento prolongado de reclusos, aunque actualmente alberga a unos 421 detenidos.
El director del OVP, Humberto Prado, ha expresado que las condiciones en Boleíta son un reflejo del colapso del sistema penitenciario venezolano y de una crisis humanitaria extendida. Las prácticas cotidianas en este centro de detención contradicen el marco legal y los estándares internacionales, como las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas, las cuales buscan garantizar el respeto a los derechos humanos de los prisioneros.
Desde 2015, se han registrado múltiples motines y fugas en Boleíta, lo que evidencia la inestabilidad y peligrosidad de estos calabozos. El abogado y defensor de derechos humanos resalta que el problema radica en la falta de voluntad política para abordar y resolver las deficiencias estructurales y administrativas.
Además, el informe destaca la presencia de adolescentes detenidos arbitrariamente en el contexto de manifestaciones poselectorales. Estos jóvenes han sido sometidos a las mismas condiciones deplorables que los adultos, lo que representa una violación directa de sus derechos fundamentales.
La corrupción es otro factor alarmante en este contexto. Los familiares de los detenidos denuncian pagos regulares a los funcionarios para obtener pequeñas mejoras en las condiciones de reclusión o para simples visitas. Las celdas, como El Tigrito y King Kong, son distribuidas según la cantidad de dólares pagados, dejando en evidencia un sistema donde la dignidad tiene un precio.
El OVP recomienda el cierre definitivo del Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta y la cesación del uso prolongado de la prisión preventiva. Asimismo, insta al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar que los calabozos no sean utilizados para detener preventivamente a adolescentes y a realizar traslados de internos a centros de reclusión acordes con sus jurisdicciones judiciales.
El cumplimiento del artículo 128 del Código Orgánico Procesal Penal, que exige una evaluación médica previa a cualquier traslado, es crucial para asegurar el respeto integral de los derechos de las personas privadas de libertad. La situación demandada en Boleíta representa una urgente necesidad de intervención para restaurar el orden y la humanidad en el trato a los detenidos.
