El Movimiento al Socialismo (MAS), un partido político de Venezuela, ha expresado su preocupación sobre la reciente Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Según el MAS, esta legislación, aprobada por el Parlamento de mayoría chavista y firmada por el presidente Nicolás Maduro, busca «perseguir y castigar» a los ciudadanos venezolanos.
La vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, enfatizó en un comunicado que el gobierno de Maduro está construyendo «un Estado represivo» mediante una «ruta autoritaria de tinte legal». Verdeal argumenta que la ley es «inconstitucional» al contravenir principios fundamentales como la retroactividad, lo que permitiría su aplicación a hechos del pasado.
La Ley Simón Bolívar establece penas de prisión de hasta 30 años para quienes promuevan sanciones extranjeras. También contempla multas que pueden alcanzar el millón de euros (aproximadamente 1.055.680 dólares) y la inhabilitación política por 60 años para los involucrados en estas actividades, haciendo imposible que ocupen cargos públicos o de elección popular. Además, la normativa también se dirige a medios de comunicación que promuevan sanciones contra Venezuela, imponiendo las mismas multas e incluso potencialmente causando el retiro de circulación o la salida del espectro radioeléctrico.
Verdeal sostiene que la ley viola directamente la presunción de inocencia y el debido proceso, afirmando que todos los venezolanos pueden ser considerados sospechosos y víctimas de la aplicación subjetiva de esta legislación.
El Observatorio Venezolano Antibloqueo, una entidad oficialista, informa que Venezuela ha recibido 947 medidas de sanción, con 484 dirigidas a individuos y el resto a entidades, bienes y medios de transporte. El organismo destaca que Venezuela se encuentra entre los países más sancionados del mundo en la última década, principalmente por Estados Unidos.
La controversia en torno a la Ley Bolívar resalta un debate continuo sobre la legalidad y el impacto de las sanciones internacionales en Venezuela, y plantea serias preocupaciones sobre el equilibrio entre la soberanía nacional y los derechos individuales en el contexto de la legislación gubernamental.
