El Partido Comunista de Venezuela (PCV) emitió un comunicado este martes en el que critica la narrativa presentada por la Administración de Nicolás Maduro respecto a la situación de más de 200 migrantes venezolanos encarcelados en El Salvador, luego de ser deportados por Estados Unidos. El PCV describió la postura del gobierno venezolano como un «fiel retrato de su gestión».
La formación opositora comparó la realidad de estas personas, detenidas en una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano, con las condiciones de los venezolanos arrestados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela. Según el PCV, recientemente Maduro, quien comenzó un tercer mandato en enero después de una reelección cuestionada, denunció que a este grupo de migrantes no se les asegura el derecho a la defensa. Además, el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, no ha proporcionado la lista con la identidad de estas personas.
Neirlay Andrade, miembro del PCV, en declaraciones citadas por una nota de prensa del partido, destacó la sorpresa que genera este relato en la opinión pública y entre las fuerzas políticas. Andrade afirmó que esta descripción podría aplicarse igualmente a la propia administración de Maduro. La dirigente comunista denunció «sistemáticas violaciones al debido proceso» de «cientos de venezolanos y venezolanas detenidos de manera arbitraria».
Andrade agregó que en Venezuela no se permite la asistencia de abogados de confianza, violando el derecho a la defensa. Además, señaló que existen detenidos que fueron arrestados arbitrariamente en el contexto de las protestas poselectorales y que fallecieron bajo custodia estatal. Asimismo, numerosos familiares han denunciado tratos crueles hacia sus seres queridos en cárceles venezolanas.
En respuesta a estos señalamientos, Maduro afirmó que las autoridades estadounidenses están enviando venezolanos «sin juicio» a El Salvador. Según Maduro, el país centroamericano ha sido convertido por Bukele en una «colonia de los Estados Unidos» y en un «segundo Guantánamo para secuestrar y practicar la desaparición forzada». Caracas ha exigido la lista de los más de 200 migrantes deportados, acusados de estar presuntamente vinculados al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional originada en una cárcel venezolana y catalogada como terrorista por el gobierno de Donald Trump.
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