El recuerdo que Sol Ocariz tenía de su hermano menor, tras dos meses sin verlo, fue desgarrador. «Él era un hombre robusto, pesaba unos 110 kilos cuando lo detuvieron, pero en la cárcel encontré a uno flaco, ojeroso y pálido. Creo que ha perdido unos 50 o 60 kilos», expresó Ocariz desde Caracas. Su relato es sólo uno de los cinco testimonios obtenidos por BBC Mundo que denuncian las duras condiciones de reclusión de las personas encarceladas durante las protestas que estallaron en el país.
Entre finales de julio y los primeros días de agosto, se registraron más de 300 manifestaciones en 20 de los 24 estados de Venezuela en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar a Nicolás Maduro vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el Foro Penal Venezolano, más de 1.600 personas han sido detenidas, entre ellas al menos 68 adolescentes. La fiscalía, no obstante, reconoció alrededor de mil encarcelados.
Las condiciones en las cárceles han obligado a decenas de familiares a mudarse a las cercanías de las prisiones para poder apoyar a sus seres queridos. Leidy Yovera, por ejemplo, tiene a su hijo y a dos sobrinos detenidos en la cárcel de Tocorón, ubicada a 200 kilómetros de su residencia en el estado Yaracuy.
«Todos dicen que en ocasiones les dan comida en mal estado y que no reciben agua suficiente», afirmó a BBC Mundo. Sin embargo, otro familiar, bajo condición de anonimato, señaló una perspectiva diferente. «La comida no es la mejor, pero es comible. Hace unas semanas hubo un brote de diarrea, pero trajeron una planta para tratar el agua», relató.
La falta de asistencia médica es otra preocupación para los familiares. «Mi hijo tiene una hinchazón en las piernas y me dice que no lo llevan a la enfermería», explicó Yovera.
Las cárceles venezolanas son conocidas por su peligrosidad debido a las constantes riñas y motines. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), estos conflictos han dejado 3.423 muertos en los últimos 13 años. Las condiciones de hacinamiento e insalubridad empeoran la situación; en 2022, 55 reos fallecieron debido a la desnutrición y la falta de atención médica.
BBC Mundo intentó sin éxito obtener comentarios de varios altos funcionarios venezolanos para contrastar las quejas de los familiares de los detenidos. Solo el fiscal general, Tarek William Saab, respondió. «Por ahora, sobre esos temas no daré declaraciones», mencionó vía WhatsApp.
El presidente Maduro ha mantenido un firme rechazo a las manifestaciones en su contra. «No habrá perdón», ha reiterado, prometiendo un largo tiempo en prisión para los manifestantes. Estas medidas han incrementado el número de detenidos, que según el Foro Penal Venezolano, ascienden a más de 1.600 desde las elecciones.
Desde organismos internacionales, se percibe que el objetivo del gobierno de Maduro es crear miedo y silenciar las voces disidentes para perpetuar su régimen. Gloria de Mees, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que en Venezuela se está practicando el terrorismo de Estado, con medidas represivas que se han implementado al menos desde 2017.
Mientras tanto, las familias de los encarcelados continúan viviendo su propio calvario, trasladándose cerca de las prisiones para maximizar el tiempo de visita con sus seres queridos. El costo emocional y económico es considerable, pues muchos deben alquilar viviendas cerca de las cárceles, lejos de sus hogares y trabajos.
La situación actual en Venezuela plantea una difícil encrucijada para el gobierno, ya que la presión interna de las familias y la comunidad internacional ante las duras condiciones carcelarias y la política de mano dura podría generar un conflicto aún mayor si no se toman medidas que aseguren el respeto de los derechos humanos.
