Embarazada, adolescentes y un tío presos: así castiga el Estado a la familia de un militar prófugo

Espiga Noticias webmaster
Publicada: enero 29, 2026

Si resultaba inhumano conocer que Maykelis Borjas fue detenida con apenas dos meses de embarazo, que dio a luz en prisión y que continúa privada de libertad junto a su bebé, el resto de la historia agrava aún más el cuadro y plantea serias interrogantes sobre el respeto a las garantías fundamentales y al Derecho Internacional.

Maykelis Borjas es pareja del teniente Cristian Hernández, a quien el Estado venezolano acusa del delito de Traición a la Patria. Según la versión oficial, el militar habría abandonado el país y actualmente se encuentra prófugo. Sin embargo, ante la imposibilidad de capturarlo, las autoridades habrían optado —de acuerdo con denuncias de familiares y allegados— por detener a personas de su entorno más cercano como mecanismo de presión.

Además de Borjas, fueron privadas de libertad las hermanas del teniente Hernández: Samantha Hernández, de apenas 16 años de edad, y Aranza Hernández, de 19. También permanece detenido Henry Castillo, tío del militar. En total, cinco personas sin cargos propios conocidos, cuya única conexión sería el vínculo familiar con el acusado.

La detención de una adolescente, de una joven de 19 años y de una mujer embarazada —que terminó pariendo en cautiverio— ha encendido alarmas entre defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre la presunta aplicación de una lógica de castigo colectivo, expresamente prohibida por normas internacionales.

Convenciones como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño establecen con claridad que nadie puede ser privado de libertad por hechos ajenos a su responsabilidad personal, y que los Estados tienen la obligación reforzada de proteger a menores de edad y a mujeres embarazadas.

El caso de Maykelis Borjas, Samantha y Aranza Hernández, y Henry Castillo plantea una pregunta incómoda pero urgente: ¿puede un Estado encarcelar a ciudadanos únicamente por ser familiares de un acusado? Para muchos juristas, la respuesta es clara. Para las víctimas y sus familias, la espera por justicia continúa.

Mientras tanto, cinco personas permanecen privadas de libertad. No por lo que hicieron, sino —según las denuncias— por quiénes son y a quién están vinculadas. El debate sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos vuelve, una vez más, al centro de la escena.

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