En el Internado Judicial de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón, se están efectuando audiencias de madrugada a los detenidos que han sido calificados como «presos políticos». Este grupo, que asciende a 952 personas, ha sido encarcelado bajo acusaciones de terrorismo, a pesar de que ellos y sus familiares afirman que no existen pruebas que sustenten tales cargos.
Durante las audiencias, los reclusos enfrentan presiones y coacciones por parte de funcionarios del centro penitenciario. Se les insta a admitir delitos que aseguran no haber cometido, bajo la amenaza de que sus penas podrían extenderse más allá de los 20 años si se niegan a hacerlo. Estos procedimientos judiciales han sido adelantados sin previo aviso y se llevan a cabo de manera telemática desde el penal. Según relatos de familiares, algunas de estas audiencias comienzan a medianoche o en plena madrugada, horarios inusuales que agudizan la incertidumbre y el desasosiego entre los detenidos.
Una de las prácticas más controversiales es el intento de hacer que los detenidos firmen hojas en blanco, supuestamente para confirmar que cuentan con la representación de un abogado. Estas audiencias han tenido lugar sin la presencia de abogados de confianza, y los defensores públicos asignados no han presentado la documentación enviada por los familiares, como cartas de buena conducta o informes médicos.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), ha manifestado su constante apoyo a las familias, instándolas a permanecer firmes y a no permitir que los detenidos admitan hechos que no han ocurrido. Asegura que tanto personas como organizaciones están trabajando arduamente para garantizar la justicia.
El proceso de visita de las madres a sus hijos en Tocorón se ha transformado en un arduo desafío. Las colas son largas y el procedimiento incluye fotografías, registros y requisas exhaustivas, aunque no invasivas. La vestimenta está regulada de manera estricta y, una vez adentro, las madres son recibidas por un vidrio que les impide cualquier contacto físico con sus hijos, limitando su comunicación a 10 minutos a través de un teléfono.
A muchos detenidos se les encuentra visiblemente desmejorados, situación que ha sido agravada por una alimentación inadecuada. Grupos de familiares, aun antes de poder ingresar al penal, escuchaban a los detenidos gritar al exterior que «tenían hambre». Las condiciones de visita han sido denunciadas como inhumanas y degradantes, prácticas que el OVP sostiene que nunca se habían empleado en la historia penitenciaria de Venezuela.
El Observatorio Venezolano de Prisiones continúa recolectando denuncias y busca llevar cada caso a instancias internacionales, demandando el respeto de los derechos humanos y del derecho a una defensa legítima para todos los detenidos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
