Un reciente informe del Observatorio del Gasto Público de la organización Cedice Libertad ha puesto de manifiesto que un 68% de los apagones o fallas eléctricas en Venezuela se producen, en su mayoría, durante horas aprovechables del día. Estos cortes de suministro eléctrico generan retrasos significativos en bancos, comercios, escuelas y hospitales, afectando de manera directa la actividad diaria y la calidad de vida de los ciudadanos.
La investigación, centrada en los servicios públicos durante el mes de enero de 2025, refleja el deseo de los venezolanos por una mejora sustancial en estos servicios. En el Monitor de Servicios Básicos de enero, se registraron múltiples reportes de fallas no solo en el suministro eléctrico, sino también en el abastecimiento de agua y el funcionamiento de la red de telecomunicaciones, entre otros aspectos críticos.
La encuesta digital, que fue enviada a 2.300 personas en todo el territorio nacional con el apoyo de corresponsales voluntarios en diez localidades, identificó a los estados de Zulia, Bolívar, Yaracuy, Falcón y Mérida como los más afectados por estas interrupciones eléctricas.
El informe destaca que los venezolanos han venido incurriendo en gastos adicionales, que oscilan entre $20 y $30, para contrarrestar las deficiencias en el servicio eléctrico. Estos gastos incluyen el mantenimiento o alquiler de plantas eléctricas y la compra de insumos para linternas improvisadas. Según el reporte, en enero se documentaron 54.029 fallas en la prestación del servicio eléctrico a nivel nacional, lo que representa un incremento del 1,54% respecto a diciembre.
Un 44% de los encuestados indicó que ha sufrido daños en dos o más electrodomésticos debido a las variaciones en la intensidad eléctrica. Para abordar estos problemas, el informe sugiere diversas propuestas, como la diversificación de fuentes de energía, la capacitación de los funcionarios del sistema eléctrico, la revisión del esquema tarifario, y la implementación de un plan de revisión, mantenimiento y reacondicionamiento de la infraestructura existente. Además, se subraya la necesidad de impulsar cambios marcados en la gestión y la transparencia administrativa del sector eléctrico del país.
