La reciente aprobación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática en Venezuela ha generado nuevas críticas y preocupaciones entre familiares de personas privadas de libertad por razones políticas, luego de que quedara excluido de sus beneficios el caso del ciudadano colombo-venezolano John Hader Betancourt, considerado por defensores de derechos humanos como preso político.
Según denunció su esposa, Claudia Morillo, Betancourt fue condenado a 30 años de prisión por haberse fotografiado con el dirigente opositor Leopoldo López en abril de 2019, pero su nombre no fue incluido en la lista de personas contempladas por la nueva normativa. Pese a que la ley tiene como objetivo otorgar perdón a un amplio número de detenidos por motivos políticos, el caso de Betancourt no figura entre los beneficiados.
Betancourt cumple más de seis años y medio de reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide. De acuerdo con la explicación ofrecida por Morillo, las autoridades judiciales han catalogado el expediente de su esposo como un caso de “rebelión militar”, lo que, aun tratándose de un civil, impide que su situación sea evaluada bajo los parámetros de la nueva Ley de Amnistía.
Ante esta circunstancia, la familia ha realizado gestiones tanto en instancias venezolanas como colombianas para exigir el respeto de sus derechos, sin obtener resultados hasta el momento. La exclusión del caso ha sido señalada por sus allegados como un ejemplo de las limitaciones y alcances restrictivos de la normativa recientemente aprobada.
La Ley de Amnistía y Convivencia Democrática fue promulgada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. La normativa busca otorgar perdón a personas detenidas por motivos políticos en crisis ocurridas entre 1999 y 2025, e incluye la posibilidad de presentar solicitudes incluso desde el exterior.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores opositores han formulado cuestionamientos a la ley, al considerar que establece exclusiones importantes para militares, personas acusadas de delitos graves o aquellos considerados “no convenientes” para la política del momento. Estas críticas señalan que, pese a su alcance formalmente amplio, la aplicación práctica de la amnistía deja fuera a un número significativo de casos.
Familiares de personas privadas de libertad, como Claudia Morillo, sostienen que la situación representa no solo la ausencia de una respuesta favorable para muchos encarcelados, sino también un desafío personal y familiar. En este contexto, describen la dificultad de explicar a sus hijos que, a pesar de la promulgación de una ley destinada a liberar a detenidos por motivos políticos, sus seres queridos continúan en prisión y no han sido incluidos entre los beneficiarios.
El Nacional.-
