En una sentencia emitida por el Tribunal de Control Cuarto del estado La Guaira, tres exfuncionarios de la empresa estatal Corpoelec han sido condenados a cuatro años y cuatro meses de prisión. Los ciudadanos Johan Alexander Bravo Urbano, Daniel David Castro García y Justo Javier Salas Graterol fueron hallados culpables de delitos relacionados con la interrupción del servicio eléctrico, un caso que ha captado la atención en medio de los esfuerzos gubernamentales por combatir la corrupción en el sector eléctrico.
Los cargos presentados contra los acusados incluyen Interrupción del Servicio, conforme al artículo 109 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico; Retraso y Omisión Intencional de Funciones, conforme al artículo 69 de la Ley contra la Corrupción; y Agavillamiento, bajo el artículo 286 del Código Penal. Estos delitos se derivan de un incidente ocurrido en octubre de 2024, cuando los acusados fueron detenidos en flagrancia en la comunidad de San Antonio de Galipán por maniobras no autorizadas en un poste eléctrico, como denunciaron los residentes locales.
Adicionalmente, Darwin Alfredo Tovar Romero y Johan Andrew González Carreño fueron sentenciados a tres años y cuatro meses de prisión tras admitir su participación como cómplices no necesarios en los delitos de Interrupción del Servicio y Agavillamiento.
La condena coincide con la firme posición del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) bajo la dirección de Jorge Márquez, que sigue las directrices de Nicolás Maduro para preservar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Estas acciones buscan asegurar la efectiva prestación del servicio frente a cualquier amenaza de corrupción.
Esta sentencia subraya el compromiso del actual gobierno con la transparencia y eficiencia en el sector eléctrico, un área crítica para el desarrollo económico y social del país. La vigilancia continua y la respuesta judicial a tales incidentes pretenden enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia cualquier actividad que comprometa los servicios públicos esenciales.
