El exdirector de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo” Carvajal, presentó una declaración ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que atribuye al presidente Nicolás Maduro la responsabilidad directa en las decisiones que derivaron en la represión de manifestaciones antigubernamentales ocurridas entre 2014 y 2017.
De acuerdo con el contenido divulgado, Carvajal aseguró que las órdenes para contener y neutralizar las protestas no fueron iniciativas aisladas de cuerpos de seguridad, sino lineamientos definidos desde la más alta instancia del poder Ejecutivo. Según su testimonio, existía una estructura formal integrada por organismos policiales y militares, y otra de carácter paralelo compuesta por grupos civiles armados que actuaban como fuerza de choque.
El exfuncionario describió un esquema de actuación en el que los cuerpos oficiales intervenían públicamente en el control del orden público, mientras que actores no uniformados operaban de forma complementaria para disuadir y desarticular movilizaciones. En su relato ante la CPI, sostuvo que esta combinación permitió ejercer presión sostenida sobre sectores opositores y manifestantes.
Carvajal también afirmó que, en determinados casos, se habrían elaborado informes técnicos y peritajes orientados a respaldar la versión oficial de los hechos y deslindar responsabilidades institucionales. Estas declaraciones forman parte del expediente que analiza la Fiscalía de la CPI dentro de la investigación abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La comparecencia del exjefe de inteligencia se produce mientras enfrenta procesos judiciales fuera de Venezuela, y su testimonio es considerado potencialmente relevante para esclarecer la cadena de mando y la toma de decisiones durante los episodios de conflictividad política registrados en el país.
La CPI continúa evaluando pruebas y declaraciones relacionadas con las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos, en un proceso que podría marcar un precedente en la determinación de responsabilidades individuales en altos niveles de gobierno.
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