El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha hecho un llamado al gobierno de facto de Venezuela para que aclare el destino y paradero de las víctimas de desaparición forzada en el contexto de las próximas elecciones presidenciales de julio de 2024, así como durante y después de la investidura presidencial en enero de 2025. Ante instituciones nacionales consideradas parcializadas y disfuncionales, las víctimas están recurriendo cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad y buscar reparación.
Los expertos han recibido informes reiterados de familiares y organizaciones de la sociedad civil que luchan por saber el destino de sus seres queridos, afirmando que sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados adecuadamente. Señalan el uso de la desaparición forzada para silenciar a opositores, activistas prodemocracia y defensores de derechos humanos, lo cual, según ellos, busca generar un efecto disuasorio y se ve favorecido por la impunidad generalizada.
El GIEI ha subrayado que las autoridades que detienen y ocultan a personas las colocan fuera de la protección de la ley, actos que constituyen desapariciones forzadas independientemente de su duración. Han instado al gobierno venezolano a cumplir con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y proporcionar información sobre las personas desaparecidas por el Estado.
En sus informes, los expertos detallan un patrón sistemático de desapariciones forzadas, implicando a diversas autoridades venezolanas como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y otros cuerpos de seguridad. Han enfatizado la necesidad de garantizar los derechos básicos a las personas detenidas, incluyendo el derecho a comunicación y visitas.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias está actualmente en contacto con las autoridades venezolanas para abordar estas preocupaciones. El grupo de expertos incluye a figuras como Gabriella Citroni, presidenta-relatora, entre otros destacados profesionales de los derechos humanos.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también está involucrada en la promoción y defensa de los derechos humanos en la región. Sus observaciones pueden consultarse a través del Índice Universal de los Derechos Humanos.
Las recomendaciones y llamados de estos grupos buscan salvaguardar los derechos humanos en un contexto donde las desapariciones forzadas siguen siendo una táctica utilizada para amedrentar y silenciar voces disidentes en Venezuela.
