Las madres y familiares de los presos políticos en la prisión de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, Venezuela, continúan enfrentando una angustiante espera. Recientemente, fiscales del Ministerio Público informaron sobre la inminente liberación de todos los presos políticos en este centro penitenciario a través de la emisión de boletas de excarcelación. No obstante, dichas promesas aún no han sido cumplidas, dejando a las familias en un estado de incertidumbre y desesperación, mientras sus seres queridos sufren condiciones inhumanas en prisión.
Dentro del penal, el maltrato es una constante diaria para los detenidos. Los presos políticos son golpeados y despojados de las pocas pertenencias que sus familiares logran llevarles. Aquellos acusados de «comportamientos inadecuados» son confinados en celdas de castigo conocidas como “tigritos”, donde duermen en el suelo, expuestos a bajas temperaturas y sometidos a brutales abusos. Los custodios los mojan y los agreden físicamente, obligándolos a soportar condiciones que vulneran su dignidad y salud.
El uso del hambre como herramienta de castigo es otra de las tácticas empleadas en este penal. Los familiares, llenos de preocupación, reportan que los internos reciben granos descompuestos infestados de gorgojos, así como arroz y harinas crudas. Según las autoridades del penal, no hay más alimentos disponibles para los más de 300 presos políticos que permanecen injustamente detenidos. A pesar de los intentos de los prisioneros por retirar los insectos de sus comidas, la cantidad es tal que resulta imposible eliminarlos por completo, obligándolos a ingerir alimentos en mal estado o enfrentar el hambre. En un intento por evitar enfermedades, los presos solicitan medicamentos a sus familiares, pero los cuadros de fiebre son una constante preocupante.
Este contexto pone en evidencia una política penitenciaria que va en detrimento de los derechos humanos, a la espera de que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para cumplir con las promesas realizadas y garantizar condiciones dignas para los detenidos en Tocorón. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos continúan observando la situación, esperando que se produzcan cambios significativos en el tratamiento y la liberación de los presos políticos en Venezuela.