Pese a orden de arresto domiciliario emitida en marzo de 2025, dos ciudadanos permanecen detenidos en Rodeo I.
Abogados de la familia De Grazia han denunciado públicamente la vulneración de derechos humanos, derecho a la defensa y al debido proceso, así como el incumplimiento de una decisión judicial que mantiene a Carmelo y Daniel De Grazia privados de libertad en el Centro de Reclusión Rodeo I. La situación se prolonga desde el 16 de marzo de 2026, un año después de que la medida fuera decretada.
Los juristas Rafael Badell Madrid, Daniel Badell Porras y Carlos Sotillo Santaniello, representantes legales, señalaron a El Nacional que, tras dos años de proceso, la Fiscalía General de la República solicitó el arresto domiciliario para los hermanos. Esta medida fue acogida por el juez José Antonio García Morán el 16 de marzo de 2025. El juez, del Juzgado Especial Primero de Primera Instancia con competencia en casos de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada del área metropolitana de Caracas, emitió las boletas de excarcelación identificadas con los Nros. 165-26 y 166-26.
Sin embargo, la ejecución de estas boletas ha sido obstaculizada. El director del centro penitenciario Rodeo I, coronel Alexander José Martínez Endeiza, ha manifestado desconocer la decisión judicial, a pesar de que la misma fue notificada al Ministerio de Asuntos Penitenciarios el 16 de marzo de 2026. Daniel Badell Porras calificó la situación como una «privación ilegítima de la libertad», dado que el encierro «carece de toda base legal».
La defensa técnica ha instado al sistema judicial penal venezolano a hacer cumplir las sentencias y autos, invocando los artículos 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que establecen la autonomía, independencia y autoridad de los jueces. Asimismo, exhortaron al director del Rodeo I a acatar de forma inmediata el decreto de arresto domiciliario dictado en favor de los ciudadanos Carmelo y Daniel De Grazia.
Los abogados también alertaron sobre la posible responsabilidad penal y administrativa que recae sobre los funcionarios que, por acción u omisión, perpetúen esta detención arbitraria. La familia De Grazia, a través de sus representantes legales, ha reiterado su confianza en que el Estado de Derecho prevalecerá, pero exige el cese de la incertidumbre y el daño a la integridad física y moral de los detenidos.
El Nacional.-
