Familiares de dos ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela se manifestaron este viernes frente a la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires para reclamar su liberación y solicitar la intermediación del Vaticano. Durante la protesta, entregaron una carta al ministro consejero de la entidad, monseñor Daniele Liessi, en la que pidieron la intervención de la Santa Sede ante el gobierno venezolano.
La movilización fue encabezada por María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, de 34 años, detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024, y por Virginia Rivero, esposa del abogado Germán Giuliani, apresado en mayo de 2025. Los manifestantes desplegaron banderas y carteles con fotografías de los detenidos, exigieron el cumplimiento de las liberaciones prometidas por el gobierno venezolano hace dos semanas y denunciaron la dilación del proceso y la incertidumbre que atraviesan las familias.
«Le pedimos que dejaran de ser tibios, que sean defensores de los derechos humanos, defensores del derecho a la vida», expresó Gómez frente a la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires. Gómez y Rivero fueron recibidas por el monseñor Liessi, a quien entregaron una carta en la que solicitan la intervención del Vaticano para la liberación de sus parejas.
«Confiamos en que su santidad el Papa León XIV y el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, puedan interceder ante el gobierno venezolano para facilitar una pronta solución a esta situación», señala el documento al que accedió Efe. En la carta, las familias apelaron a «la sensibilidad humanitaria y al compromiso permanente de la Santa Sede con la defensa de la dignidad humana, la libertad y los derechos fundamentales» y manifestaron su esperanza en que la Iglesia «pueda ejercer su influencia moral para contribuir a una solución justa y humanitaria a esta situación».
Los familiares indicaron que su preocupación «se ve agravada por los numerosos informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos que han documentado detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y graves violaciones a las garantías fundamentales en Venezuela».
De acuerdo con estimaciones de la ONG venezolana Foro Penal y de la oposición mayoritaria, entre 154 y 170 personas habrían sido liberadas desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un «número importante» de excarcelaciones, sin precisar identidades ni las condiciones de estas medidas. Según el último boletín oficial de Foro Penal, en Venezuela hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, mientras que la posición del gobierno es que se encuentran encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
En el caso de Nahuel Gallo, las autoridades venezolanas lo acusan de actividades terroristas por supuestamente participar en un complot para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.
Según relató Gómez, desde la institución eclesiástica les aseguraron que actuarían como «intermediarios» y que «van a abogar» por la liberación de los detenidos. Rivero, por su parte, contó a Efe que, tras casi un mes de incertidumbre, logró comunicarse con su marido el 16 de enero y confirmar que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad Yare II. «Lo escuché bien, lo escuché fuerte y eso me dio cierta tranquilidad», afirmó.
Rivero añadió que las familias continuarán con las acciones para visibilizar la situación de los detenidos. «Nosotros desde acá seguiremos haciendo todo lo que lo que esté en nuestras manos para seguir ejerciendo presión y poder lograr la liberación de, no solamente de los argentinos, sino de todos los presos políticos», señaló.
EFE
