Mientras Caracas retomaba su rutina tras los días de silencio y tensión que siguieron a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, familiares de presos políticos permanecían este martes en los alrededores de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la urbanización Boleíta, a la espera de que sus allegados fueran puestos en libertad.
A pocos metros del centro de reclusión conocido como El Inframundo o La Llorona, alrededor de 15 personas dormían en plena calle sobre colchonetas donadas, soportando el frío y dependiendo de la comida y el agua que les suministran vecinos de la zona. Se mantienen allí aferrados a la promesa hecha hace casi una semana por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sobre la liberación de “un número importante” de ciudadanos detenidos por motivos políticos.
“Este es un sitio en la sombra. Nadie pensaba que había presos políticos”, afirmó Nelcy Escorcia, sentada en la acera en la que ha dormido, mientras espera la liberación de su esposo, Franklin Parra, detenido por agentes del gobierno en Maracaibo, estado Zulia, el 26 de noviembre del año pasado y posteriormente trasladado a Caracas.
“Estamos cansados porque hasta la fecha no hemos obtenido ninguna noticia positiva con respecto a nuestros presos políticos, y ya estamos desesperados. No hallamos qué hacer. Estamos pacíficamente esperando esa promesa que hicieron de unir a las familias, pero hoy sentimos desesperación, queremos gritar, queremos salir corriendo. Nadie nos da respuestas positivas, nadie nos dice nada”, manifestó.
En contraste con la situación en la Zona 7, los accesos a El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), permanecían cerrados y bajo control de la PNB, con camiones y autobuses policiales atravesados en la vía para impedir el paso de familiares y periodistas. Una situación similar se registraba en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta.
Escorcia señaló que temen que se detengan las excarcelaciones y que sus familiares continúen privados de libertad. “Ese es el miedo que tenemos, ese es el temor, esa es la angustia. Saber que Zona 7 es el único lugar donde no ha habido ni una excarcelación”, dijo.
Los familiares indicaron que no pueden entregar alimentos ni ropa a los detenidos y que desconocen en qué condiciones se encuentran recluidos. En ese lugar falleció el sábado 10 de enero el preso político Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, acusado de traición a la patria. En la Zona 7 también están detenidos opositores, incluidos adolescentes, que protestaron contra las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“Tenemos la fe intacta en Dios, todos los días oramos, sabemos que es el único que tiene el poder. Pero nosotros como hijos, como padres, como esposas, tenemos que alzar la voz y accionar para que nos escuchen, para que por lo menos veamos que alguien salió de allí excarcelado y tener la esperanza de que los demás van a salir”, expresó Escorcia.
Desde el jueves, tras el anuncio de Jorge Rodríguez, allegados de cientos de presos políticos comenzaron a concentrarse en distintos centros de reclusión con la expectativa de que se ejecutaran excarcelaciones. Sin embargo, la falta de información ha generado incertidumbre y confusión entre los familiares.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez informó el lunes que habían liberado a 116 personas, una cifra que contrasta con los datos de organizaciones de derechos humanos. El abogado Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, indicó que hasta las 10:00 am de este martes solo habían verificado la excarcelación de 56 presos políticos.
Entre quienes aguardan en Boleíta se encuentra Evelis Cano, quien viajó desde los Valles del Tuy, en el estado Miranda, porque su hijo Jack Tantak está detenido en Zona 7. Cano afirmó que ya no tiene miedo y acusó a Jorge Rodríguez de mentirle al pueblo de Venezuela. Señaló que se siente herida y burlada porque, según dijo, se han violado los derechos de los presos políticos “solamente por pensar distinto”.
“Necesitamos fe de vida de todos ellos. Necesitamos que alguien de este centro de reclusión salga y nos dé una respuesta. Hoy es el día de las respuestas”, exigió la mujer, de 49 años, quien señaló que, si este martes no liberan a su familiar, al menos espera que las autoridades permitan el ingreso de los allegados para poder abrazarlos y comprobar en qué condiciones físicas y de salud se encuentran.
Los familiares reclamaron que, así como las autoridades solicitaron a Estados Unidos una fe de vida de Maduro, también se les dé a ellos información sobre sus parientes detenidos. “Queremos que se respeten verdaderamente los derechos humanos de los venezolanos. Hoy queremos tener la fe de vida de nuestros familiares porque no la tenemos. No podemos ni siquiera ver a nuestros familiares. Queremos pasarles alimentación, medicinas. Ellos deben estar angustiados porque los hemos escuchado entonar el Himno Nacional. Los hemos escuchado (diciendo) ‘libertad, libertad, libertad, somos inocentes, suéltennos ya’”, expresó Cano.
Cano aseguró que su hijo no tiene vinculación política y que es comerciante, padre de un niño de 7 años y de una adolescente de 15, quienes esperan su regreso. “Estoy comprometida con mis nietos, en devolverles la alegría a mis nietos. Señor Jorge Rodríguez, cumpla con lo que usted prometió, porque ustedes piden fe de vida del presidente Nicolás Maduro Moros y piden que se le respeten los derechos humanos. Soy venezolana y no se le están respetando los derechos humanos aquí en Venezuela a nuestros presos políticos”, manifestó.
“Teníamos miedo, pero nosotros creemos en un Dios poderoso y tenemos la fe de que esto se tiene que solventar sí o sí. Todos los presos políticos tienen que ser liberados ya. No puede pasar un día más y que estas personas sigan injustamente aquí recluidas, privadas de libertad, sin ver a sus familiares, sin estar en sus casas con sus hijos, sin llevar el alimento a sus familiares, porque son padres luchadores que trabajan para llevar el día a día el sustento a su hogar”, agregó.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado las condiciones del centro de detención. El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló, tras la muerte de Edison Torres, que la Zona 7 opera en condiciones extremas de hacinamiento, insalubridad y abandono, que ponen en riesgo permanente la vida de los recluidos.
De acuerdo con el observatorio, este centro funciona en la práctica como una cárcel, pese a que legalmente debería ser un lugar de detención temporal. Allí se mantiene a personas privadas de libertad por más de 48 horas sin garantías mínimas, en espacios marcados por la falta de atención médica, la corrupción y las precarias condiciones de higiene.
La organización indicó que, con el fallecimiento de Torres, suman 26 personas muertas desde 2015 en centros de reclusión del régimen venezolano, 8 de ellas desde que se intensificó la represión tras el fraude presidencial. “La falta de transparencia es absoluta, no existen listas oficiales, no hay voceros que den certeza y la desesperación crece ante el temor de que más detenidos pierdan la vida en condiciones de insalubridad y abandono. Recordamos que el Estado venezolano es garante de la integridad física de quienes están bajo su custodia”, señaló el observatorio.
Por estas razones, la organización reiteró que los calabozos de la PNB en Boleíta deben cerrarse definitivamente y exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial por la muerte de Torres, así como la publicación de la lista de personas que podrían ser excarceladas.
En medio de este escenario, vecinos de Boleíta han colaborado con alimentos e insumos para los familiares que pernoctan en las inmediaciones de la Zona 7. Entre ellos se encuentra la madre de otro preso político, quien prefirió mantener el anonimato tras recibir amenazas. La mujer relató que padece un tumor cerebral, lo que le ha impedido permanecer todas las noches en el lugar.
“Vamos a esperar todo lo que podamos porque estamos cansados de esto. Así como ellos piden fe de vida de Maduro, nosotros queremos pedir fe de vida de nuestros hijos que están allí metidos. Eso es lo que queremos, que nos digan: ‘Sí están aquí por esto y por esto’. Eso es lo que queremos saber, no que nos los sigan ocultando porque ya demasiado hemos aguantado. Ya esto es jugar con los sentimientos de la gente. Porque ellos tienen padres, madres e hijos”, declaró.
La mujer expresó su preocupación por la salud de su hijo, de 31 años, detenido desde noviembre del año pasado y con una situación médica delicada. “Este gobierno nos ha desgraciado la vida y ha separado a todas las familias completamente. Lo único que tengo es mi hijo, que ha estado pendiente para mí y para todo. Mi sustento es mi hijo”, afirmó.
El Nacional
