Familiares de Carlos Chancellor, quien fue alcalde del municipio Sifontes en el estado Bolívar, han solicitado atención médica inmediata para el dirigente político, quien está detenido desde el 6 de agosto de 2024 en una alcabala de El Tigre, en el estado Anzoátegui.
Daniel Chancellor, hermano del político, manifestó su preocupación al medio Correo del Caroní por el deterioro de la salud de Carlos, quien sufre de varias enfermedades crónicas. Entre estas condiciones se encuentra una degeneración macular que requiere inyecciones mensuales para prevenir la pérdida de visión, tinnitus persistente, diabetes, hipertensión, y una masa tumoral en el cuello que afecta su movilidad, causa vértigo y podría ser cancerosa.
El exalcalde también presenta lesiones en la frente y la espalda, cuya causa aún no ha sido determinada, según lo señalado por sus familiares. Además, su estado de salud se ve afectado por la falta de atención médica especializada en El Helicoide, lugar donde se encuentra recluido.
La familia de Carlos Chancellor ha presentado informes médicos al juez encargado de su caso y al defensor público, pidiendo atención urgente. Aunque el juez habría ordenado gestionar la evaluación médica del exalcalde, sus familiares aseguran que las autoridades no han cumplido con dicha orden. «Eso fue durante la audiencia de Carlos y hasta ahora no hemos recibido ninguna atención médica ni lo han trasladado. Requiere un cirujano y un retinólogo. Nosotros podemos trasladar a los médicos allá y no dan respuesta. No se ha respetado el derecho a la vida de mi hermano», declaró Daniel Chancellor.
Adicionalmente, la familia informó que Carlos Chancellor estuvo incomunicado durante 90 días tras su arresto, periodo en el que no recibieron información sobre su estado de salud ni pudieron visitarlo.
Carlos Chancellor enfrenta cargos por incitación al odio e incitación a la rebelión, según la defensa. Su arresto se produjo en el contexto de detenciones realizadas tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
Chancellor ya había enfrentado detenciones previas. En 2005, fue arrestado por organizar protestas contra políticas mineras, y en 2009 cumplió una sentencia de siete años por incitación a delinquir, de acuerdo con Correo del Caroní. En 2020, fue arrestado nuevamente en Porlamar, estado Nueva Esparta, aunque fue liberado semanas después.
El Nacional
