Familiares de presos políticos han dirigido una carta a la Conferencia Episcopal Venezolana, solicitando la intervención de la Iglesia católica para lograr la liberación de sus allegados. La misiva refleja una profunda preocupación por la situación de los detenidos, tanto en el contexto electoral como en periodos previos.
Los firmantes de la carta afirman que estos ciudadanos se encuentran en condiciones inhumanas y enfrentan un encarcelamiento injusto, lo que contraviene los principios básicos de dignidad y justicia, según reportó EFE. En el documento, se reiteran peticiones previas a las autoridades, tales como la eliminación de restricciones arbitrarias en las visitas y el aseguramiento de un acceso adecuado a servicios médicos. Esto es crucial para aquellos que padecen enfermedades crónicas, así como para mujeres embarazadas y adolescentes.
Asimismo, solicitan el suministro de productos de higiene femenina y la autorización para que los familiares puedan ingresar medicinas y alimentos. Otro de los reclamos destacados es la mejora de las condiciones en los centros de detención, incluyendo el cese de los tratos crueles y degradantes y la suspensión de traslados arbitrarios sin previo aviso a los familiares.
La carta también solicita que el Ministerio Público publique en su página web el listado de los detenidos trasladados para evitar inconvenientes.
Apoyo de la Conferencia Episcopal
Monseñor Rafael Bitter, subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, calificó las solicitudes de la carta como «válidas y muy humanas» y aseguró que las enviará a la Presidencia de la Conferencia Episcopal.
Casos individuales, como el de Mildred Martínez, esposa del preso político Gilber Varillas, destacaron en las declaraciones. Martínez denunció que su esposo, acusado de intentar derrocar a Nicolás Maduro, se encuentra en un estado de salud crítico debido a la falta de agua en el penal Rodeo I, en el estado Miranda.
En un desarrollo relacionado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que una docena de detenidos poselectorales, incluidos ocho menores de edad, fueron liberados en tres regiones del país el miércoles. Por su parte, la organización Foro Penal, representada por su vicepresidente Gonzalo Himiob, contabiliza más de 1.900 presos políticos, la mayoría detenidos después de las elecciones presidenciales, e informó de 165 excarcelaciones.
Este llamado de los familiares de los presos políticos y el apoyo de instituciones como la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales subrayan la importancia de atender las condiciones humanitarias y legales de los detenidos en Venezuela.
El Nacional
