Familiares de los detenidos por la «Operación Gedeón» y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se congregaron la mañana del lunes 2 de marzo de 2026 en la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en el centro de Caracas. El objetivo de la movilización fue exigir el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad y solicitar la renuncia de Tarek William Saab como defensor interino.
Los familiares de los procesados por la incursión armada consignaron un documento formal en el que denuncian el deterioro crítico de la salud de los detenidos. Según sus testimonios, tras el traslado realizado en septiembre de 2025 desde El Helicoide hacia el Centro Penitenciario Guaicaipuro, en el estado Miranda, los privados de libertad presentan un estado de extrema delgadez.
A través de un video difundido en la red social X, los portavoces de los familiares enviaron un mensaje directo a Tarek William Saab, instándolo a atender las denuncias presentadas y a «hacer su trabajo» en su rol como defensor.
Cabe destacar que los implicados en este caso están excluidos de la reciente Ley de Amnistía. El artículo 9 de dicha normativa establece que no pueden optar a este beneficio quienes hayan participado en acciones armadas contra la soberanía con apoyo extranjero, ni aquellos procesados por traición a la patria o rebelión militar. Dado que las autoridades califican el caso como una incursión armada con participación de combatientes extranjeros, los procesados no cumplen con los requisitos de la normativa vigente, la cual excluye explícitamente delitos graves como el homicidio intencional y la traición a la patria, así como las rebeliones militares que el Estado clasifica como amenazas directas a la paz social y al orden constitucional.
De forma paralela, una movilización estudiantil de la UCV llegó al lugar para manifestar su rechazo al nombramiento de Saab como defensor del pueblo interino por parte del Legislativo. Los manifestantes señalaron una contradicción ética, argumentando que quien dirigió la Fiscalía General durante casi nueve años, periodo que estuvo marcado por denuncias de persecución política y expedientes sin pruebas, no posee la imparcialidad necesaria para ser el garante de los derechos ciudadanos.
El evento subraya las continuas tensiones en torno a los derechos humanos y la institucionalidad en el país.
El Nacional.-
