El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha declarado su expectativa de recibir una “respuesta contundente” del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, en relación con la situación de más de 200 migrantes venezolanos que han sido enviados a una prisión en El Salvador por parte de Estados Unidos en marzo pasado.
A través de un comunicado emitido el pasado jueves, Saab informó que remitió el miércoles una carta formal a Türk solicitando su intervención respecto a los migrantes venezolanos que se encuentran detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Según el fiscal, estos venezolanos están en condición de “desaparición forzada”, ya que fueron enviados a Cecot sin información oficial sobre sus identidades.
Saab ha denunciado que el gobierno de Nayib Bukele está actuando como un violador sistemático de los derechos humanos, en contravención al artículo 7 del Estatuto de Roma, describiendo estas acciones como un crimen contra la humanidad. La Fiscalía venezolana ha presentado un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, argumentando que los migrantes no tienen vínculos con delitos cometidos en territorio salvadoreño.
Por su parte, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha exigido justicia para los venezolanos repatriados de El Salvador. Cabello subrayó que los detenidos “no pueden ser juzgados en El Salvador”, insistiendo en que no han cometido ningún delito en ese país. También destacó que si estos individuos enfrentan acusaciones en Estados Unidos, corresponde al gobierno de Donald Trump procesar judicialmente dichos casos.
Cabello pidió al gobierno de Bukele la devolución de los venezolanos “secuestrados” en El Salvador, quienes fueron acusados por Estados Unidos de pertenecer al grupo criminal venezolano el Tren de Aragua, categorizado como organización terrorista por Washington. Cabello reiteró a través de EFE que ninguno de los repatriados está vinculado con el Tren de Aragua y aseguró que, si alguno ha violado la ley, “la justicia lo va a alcanzar”.
Estas declaraciones se produjeron tras la llegada a Venezuela de un avión de la aerolínea estatal Conviasa proveniente de Ciudad de México, que trajo de regreso a 313 migrantes repatriados. Entre ellos se encontraban 151 niños, incluidos 6 no acompañados, así como 60 hombres y 102 mujeres, de las cuales 16 están embarazadas.
El Nacional
