El Ministerio Público (MP) de Venezuela ha expresado su rechazo a lo que calificó como una respuesta «cínica» por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, en relación con el caso de más de 250 venezolanos presuntamente secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El comunicado del MP detalla que la Corte salvadoreña declaró improcedente la intervención venezolana, argumentando que la comunicación enviada no cumplía con los requisitos legales y formales exigidos, además de no haber sido canalizada por las vías diplomáticas adecuadas.
Reacción del Ministerio Público
El MP venezolano había remitido una comunicación a la CSJ el pasado 30 de marzo, solicitando su intervención en la defensa de los ciudadanos venezolanos detenidos. Tras más de 80 días, la respuesta fue recibida por correo electrónico, lo que el MP consideró como una maniobra «dilatoria y evasiva» por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte salvadoreña.
El Ministerio subraya que los venezolanos fueron enviados desde Estados Unidos a El Salvador y detenidos sin haber cometido ningún delito. Al respecto, la CSJ indicó que los abogados que presentaron un recurso de habeas corpus no proporcionaron información precisa sobre los hechos, las autoridades responsables, ni las razones que justificarían la vulneración de derechos constitucionales.
El MP acusa a la Corte de eludir su responsabilidad mediante formalismos falaces y hacer demandas desproporcionadas. Según el comunicado, se ha requerido a los defensores de las víctimas que demuestren hechos ampliamente notorios, como el traslado de los ciudadanos al CECOT, lo que, según el MP, convierte a la Sala en cómplice de una aberración jurídica.
El comunicado enfatiza que el MP venezolano no aceptará que personas sean sometidas a detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas bajo pretextos formales. Anunciaron haber localizado y entrevistado a 116 familiares de 118 connacionales detenidos ilegalmente. Estas entrevistas se encuentran a disposición de los abogados representantes y del sistema de justicia salvadoreño.
Finalmente, el MP denuncia la falta de cooperación del Estado salvadoreño, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos. Declaran que continuarán trabajando hasta lograr la dignidad, libertad y justicia para cada ciudadano afectado.
Tarek William Saab, el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, firma el comunicado indicando que el pueblo venezolano no descansará hasta restablecer los derechos de sus compatriotas.
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