La organización Foro Penal calificó como inconstitucional y discriminatoria la exclusión de militares presos y perseguidos políticos de los beneficios establecidos en la nueva Ley de Amnistía aprobada en Venezuela, al considerar que esta limitación vulnera principios de igualdad ante la ley y restringe el alcance del instrumento legal.
Durante una rueda de prensa, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló que, aunque la aprobación de la amnistía representa un avance en la agenda de liberación de presos políticos, la exclusión de personas vinculadas a procesos militares afecta la convivencia nacional y los principios constitucionales de igualdad. Según la organización, esta decisión dejaría fuera a un número significativo de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Romero indicó que la medida no solo impacta a miembros de las fuerzas armadas, sino también a civiles procesados bajo cargos vinculados a operaciones de naturaleza político-militar, entre ellas la denominada Operación Gedeón. Afirmó que muchas de estas personas habrían sido detenidas por razones políticas y, por tanto, no deberían quedar excluidas de la protección contemplada en la nueva ley.
El representante de la ONG advirtió además que, a su juicio, la esencia del problema represivo en Venezuela se mantiene, al considerar que el sistema de justicia continúa siendo utilizado como herramienta política. En este sentido, sostuvo que la amnistía, en su forma actual, no sería suficiente para garantizar una reconciliación nacional efectiva mientras no se produzcan cambios estructurales en dicho sistema.
De acuerdo con las estimaciones de Foro Penal, alrededor de 400 presos políticos, entre militares y civiles, podrían quedar fuera de la aplicación de la Ley de Amnistía tal como está redactada. Para la organización, esta cifra refleja una limitación sustancial en el alcance real del beneficio legal.
La postura de Foro Penal se produce en un contexto en el que el gobierno venezolano impulsa un proceso de liberaciones tras la promulgación de la ley, mientras sectores de la oposición y defensores de derechos humanos reclaman un instrumento más amplio e inclusivo que abarque a todas las personas perseguidas por motivos políticos.
