El Foro Penal ha publicado un informe alarmante que revela un significativo incremento en las detenciones con fines políticos en Venezuela, en el período comprendido de julio a septiembre de 2024. Este informe coincide con las recientes elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue declarado vencedor con el 51,20% de los votos, frente al 44,2% obtenido por el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Posterior al anuncio de los resultados, una ola de protestas estalló en todo el país, impulsada por el desacuerdo con las cifras y la denuncia de irregularidades por parte de la oposición. La líder opositora María Corina Machado afirmó poseer actas que demostraban la victoria de González Urrutia, las cuales fueron difundidas en línea.
En respuesta a estas manifestaciones, el presidente Maduro anunció el 30 de julio un despliegue especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y fuerzas policiales para patrullar las calles. Este operativo, denominado «Operación Tun Tun», buscaba controlar lo que el gobierno catalogó como «comanditos violentos». En paralelo, el fiscal general Tarek William Saab informó sobre la detención de 749 individuos acusados de participar en actos violentos, a quienes se les imputarían delitos como instigación pública y terrorismo.
Entre finales de julio y principios de agosto, se observó una escalada represiva sin precedentes, resultando en un notable aumento de arrestos por motivos políticos. Durante este período, el Foro Penal contabilizó 1848 detenciones, destacando la situación de personas con discapacidades e indígenas entre los detenidos. Además, 24 personas perdieron la vida, según Human Rights Watch.
El informe de Foro Penal también subraya la falta de información oficial y las dificultades para verificar los casos debido al temor de los familiares a sufrir represalias. La organización hace un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a estas violaciones de derechos humanos, alineándose con el comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien criticó el uso desproporcionado de la fuerza y las detenciones arbitrarias en el país.
Las irregularidades en la administración de justicia, como la imposición de defensa pública y el aislamiento de los detenidos, han incrementado las preocupaciones sobre el deterioro del estado de derecho en Venezuela. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacó en su informe de septiembre un nuevo hito en la intensificación del aparato represivo del Estado.
El informe del Foro Penal concluye afirmando que las cifras de detenciones continúan actualizándose diariamente, reflejando un clima de represión que persiste en Venezuela. La organización se compromete a seguir monitoreando la situación y a informar sobre nuevos desarrollos en próximos reportes.
