El Foro Penal, una destacada organización de derechos humanos en Venezuela, ha expresado su preocupación por la falta de una lista oficial que registre a los jóvenes excarcelados durante el fin de semana en el país. La denuncia fue realizada por Alfredo Romero, director de la organización, quien subrayó que desconocen el número exacto de excarcelaciones efectuadas por el gobierno venezolano.
El anuncio se llevó a cabo en el programa «Vladimir a la Carta», conducido por el periodista Vladimir Villegas. Romero informó que el Foro Penal ha podido registrar 131 excarcelaciones, pero enfatizó que esta cifra es solo aproximada, ya que el gobierno no ha proporcionado detalles oficiales al respecto.
El director del Foro Penal también destacó el papel de la organización al acompañar las denuncias de los familiares de los presos políticos. Según Romero, estas familias se encuentran a menudo en las puertas de los centros penitenciarios, como Tocuyito, Tocorón y Yare 3, esperando noticias sobre sus seres queridos, quienes han sido calificados de manera arbitraria como terroristas.
Romero recordó que, a pesar de los esfuerzos del Foro Penal por apoyar a los familiares de los detenidos, no tienen la capacidad legal para encarcelar o liberar a individuos, ni para acceder a la defensa de los mismos. La organización continúa subrayando que la situación legal en Venezuela viola el Código Orgánico Procesal Penal, que estipula que los procesos coercitivos no deben exceder los tres años. Sin embargo, casos como el de Javier Tarazona, quien lleva más de tres años sin condena, siguen ocurriendo.
La situación en Venezuela con respecto a los presos políticos sigue siendo tensa y complicada. La falta de transparencia y el desconocimiento de cifras oficiales agravan la incertidumbre tanto para las organizaciones de derechos humanos como para los familiares de los detenidos. Mientras tanto, Alfredo Romero y el Foro Penal continúan instando a la sociedad venezolana a no olvidar a los presos políticos, advirtiendo que el olvido sería el peor castigo.
Este caso refleja las dificultades que enfrentan las organizaciones de derechos humanos en una nación donde las garantías legales y la transparencia gubernamental son limitadas. La comunidad internacional observa de cerca la evolución de estos eventos y las potenciales consecuencias legales para el régimen de Nicolás Maduro.
-. La Patilla
