El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, publicado el 17 de septiembre, subraya la “maquinaria de represión” del régimen de Nicolás Maduro, evidenciando un alarmante aumento en los casos de muertos, detenidos y violaciones al debido proceso. Esta realidad ha sido corroborada por el Foro Penal Venezolano, que ha documentado cómo sus abogados voluntarios se han visto desbordados desde las elecciones del 28 de julio.
Resumen de una semana crítica:
Día 1 (29 de julio): Tras las elecciones, un muerto y 46 detenidos. La oposición denuncia fraude electoral, mientras miles protestan en todo el país.
Día 2 (30 de julio): Se reportan 6 muertos y 132 detenidos. Las cifras aumentan drásticamente y se reciben denuncias de detenciones arbitrarias.
Día 3 (31 de julio): La cifra de detenidos se eleva a 429, con un patrón preocupante de arrestos fuera de las manifestaciones.
Día 4 (1 de agosto): La cifra alcanza los 672 detenidos. La abogada Stefanía Migliorini enfrenta el desafío de asistir a un número sin precedentes de familiares de presos políticos.
Día 5 (2 de agosto): Se confirma la detención de un miembro del equipo de Foro Penal, aumentando el total a 835 detenidos.
Día 6 (3 de agosto): La cifra asciende a 891 detenidos, con defensores trabajando sin descanso para ofrecer asistencia legal.
Día 7 (4 de agosto): Al final de la semana, los detenidos llegan a 988. La situación de represión se siente como una escalada sin precedentes en la historia reciente del país.
Un mes después (3 de septiembre): El total de detenidos alcanza los 1,585, con un incremento notable en los casos de menores de edad. La organización se enfrenta a una carga de trabajo monumental, atendiendo entre 40 y 50 casos diarios, y lidiando con el miedo y la incertidumbre que rodean a las familias afectadas.
Este informe destaca no solo la magnitud de la represión, sino también la valentía de quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deben continuar prestando atención a esta crisis en curso y apoyar a quienes defienden la justicia y la libertad en el país.
