En un testimonio conmovedor, una madre ha narrado al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) su experiencia durante las recientes requisas en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda. La madre describió lo que considera un trato humillante y vejatorio, afirmando: “Fue horrible, me sentí violada sin penetración”.
Desde la fila para entrar al penal, las madres han sido objeto de violencia psicológica, según relatan, por parte del director del centro, Ángel Castro. Las amenazas incluían revisar sus teléfonos celulares y comentarios despectivos, burlándose de ellas por su participación en actividades públicas y protestas frente al Ministerio Público.
Una vez en el área de requisa, la madre, junto a otra compañera, fue sometida a procedimientos que describe como denigrantes. Detalla cómo una funcionaria le jaló el cabello, le pidió que se desnudara y realizó una revisión corporal humillante, usando incluso un teléfono celular para iluminar sus partes íntimas mientras le instaba a pujar.
Humberto Prado, director del OVP, ha denunciado que estas prácticas son parte de una política estatal para intimidar y atemorizar a los familiares de los detenidos. Prado resalta que estas acciones constituyen una grave violación al derecho a la dignidad y son una forma de represalia contra las mujeres por declarar a los medios de comunicación.
Además, el OVP ha documentado que los privados de libertad también enfrentan amenazas. Se les advierte que eviten que sus familiares hagan declaraciones públicas, temiendo represalias. En otros centros penitenciarios como el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, se han reportado cambios inesperados en los horarios de visita y otros tratos hostiles.
Ante estos hechos, el OVP ha instado al Ministerio Público a investigar al director Ángel Castro por los tratos inhumanos denunciados. Asimismo, exige la liberación de todos los detenidos en el contexto de las manifestaciones post-electorales y el cese inmediato de estos abusos.
La situación plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios de Venezuela, y las denuncias continúan resonando en la comunidad internacional. El OVP y sus colaboradores buscan presionar al Estado venezolano para garantizar la protección de los derechos de los familiares y reclusos, frente a la amenaza continua de tratos crueles y degradantes.
