La organización no gubernamental Fundaredes ha instado a los gobiernos de Colombia y Venezuela a actuar de manera urgente y conjunta para abordar el conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este conflicto se desarrolla en la región del Catatumbo, ubicada en la frontera entre ambos países.
«Es urgente que ambas naciones fortalezcan sus mecanismos de protección a la población civil y aborden las causas estructurales de esta crisis», declaró Fundaredes en un comunicado publicado recientemente.
La reciente escalada de violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela ha resultado en 80 muertes, decenas de secuestros y miles de desplazamientos forzados, según datos de la Gobernación de Norte de Santander. Estos incidentes han ocurrido en los últimos cinco días, marcando un aumento significativo en las hostilidades.
Fundaredes ha advertido que el conflicto ha provocado un alarmante incremento en el desplazamiento forzado de la población civil, un problema con serias repercusiones tanto para Colombia como para Venezuela. Un número considerable de colombianos se han visto obligados a buscar refugio en el estado Zulia, especialmente en el municipio de Jesús María Semprum, así como en algunas áreas del estado Táchira.
Los desplazados enfrentan no solo las dificultades de adaptarse a un nuevo entorno, sino que también están «expuestos a la violencia endémica que ha caracterizado a esta región durante años», señala Fundaredes.
La crisis actual en Colombia, país afectado por décadas de conflicto armado, recuerda los graves eventos ocurridos en el estado Apure en Venezuela durante 2021, cuando aproximadamente 6.000 personas se desplazaron debido a la violencia. «Estos desplazados enfrentan no solo el trauma de la pérdida, sino también la persistente amenaza de una violencia que afecta profundamente al estado Zulia. La constante presencia del ELN y de bandas organizadas agrava aún más esta situación, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de los habitantes», detalló la ONG.
Venezuela ha sido sede y uno de los países garantes de las negociaciones con el ELN, que actualmente están suspendidas, una situación que Fundaredes ha rechazado repetidamente.
«La presencia del ELN en Venezuela convierte al país en un refugio para grupos armados, exponiendo a la población civil a un constante estado de inseguridad», manifestó Fundaredes, insistiendo en que el Estado venezolano debe priorizar la protección de los derechos de su población y evitar que estos grupos armados encuentren refugio en su territorio.
La organización enfatizó que es fundamental que las autoridades actúen con imparcialidad y sin influencias ideológicas que perpetúen la violencia y el sufrimiento de las comunidades afectadas.
