El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, ha emitido una contundente advertencia contra aquellos que generen lo que califica como «contenidos de odio» en las redes sociales. Durante su programa radial, Márquez anunció el inicio de la operación Tun-Tun para identificar y sancionar estas acciones.
«Todo aquel que a partir de ahora genere por sus redes sociales contenidos de odio, de instigación al odio, debe ir privado de libertad. Se acabó aquello de los que nos llamaban y nos ofendían, y escribían y nos ofendían,» afirmó Márquez. Además, instó a sus seguidores a enviar capturas de pantalla de publicaciones que consideren incitadoras al odio, con el objetivo de implementar esta medida.
La organización de derechos humanos, Espacio Público, expresó su preocupación ante estas declaraciones, advirtiendo sobre el peligro de censura y represión que podrían derivarse de tales acciones. Espacio Público alertó que estas medidas pueden llevar al uso arbitrario del poder para silenciar voces críticas.
La operación Tun-Tun, introducida por Diosdado Cabello en su rol de ministro del Interior y Justicia, ha sido empleada en Venezuela para realizar allanamientos y detener a opositores políticos y manifestantes. Aunque comenzó en 2017, esta operación cobró mayor relevancia tras las elecciones de julio de 2024.
Instituciones como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional son parte de este operativo. Douglas Rico, director del CICPC, explicó el proceso para recibir denuncias y luego actuar en consecuencia contra los señalados.
Por su parte, la Dirección General de Contrainteligencia Militar ha continuado publicando mensajes en los que anuncian la persistencia de este operativo, instando a la población a no mostrar simpatía hacia los detenidos, lo que aumenta la sensación de intimidación entre los ciudadanos.
Esta serie de declaraciones y medidas ha generado un clima de tensión y temor respecto al uso de redes sociales en el estado Trujillo, y ha avivado el debate sobre la libertad de expresión y el derecho a disentir en el país. La situación permanece bajo la atenta mirada de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional.
El Nacional
