El gobierno de Nicolás Maduro calificó como un “vulgar y bárbaro despojo” la adjudicación de Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, a una compañía asociada al fondo Elliott Investment Management por 5.900 millones de dólares, en el marco de un proceso de subasta supervisado por un tribunal federal en Delaware. La administración venezolana anunció que no reconocerá la subasta y que llevará ante la justicia a quienes, según afirma, faciliten el traspaso de la empresa.
En un comunicado leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el gobierno sostuvo que fue “intencional e ilegalmente excluido del proceso” y denunció que Washington influyó en las cortes para impedir que Pdvsa y el Estado venezolano ejercieran su derecho a la defensa. Según la declaración oficial, la excusa del no reconocimiento al gobierno de Maduro fue “especialmente diseñada para robar activos estratégicos del país”.
La venta de Citgo se produjo tras un prolongado proceso judicial iniciado por acreedores que reclamaron compensaciones por expropiaciones, deudas impagas y litigios comerciales relacionados con Pdvsa y el Estado venezolano. Entre los reclamantes figuran empresas del sector energético, contratistas, tenedores de bonos y fondos especializados en litigios contra Estados soberanos. El tribunal de Delaware permitió desde 2023 avanzar hacia la subasta con el argumento de que las juntas ad hoc representan los intereses legítimos de Pdvsa en Estados Unidos, criterio alineado con la política de reconocimiento estadounidense al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó entre 2019 y 2022.
La administración de Maduro afirmó que este proceso, autorizado por el juez Leonard Stark, es “fraudulento y contrario al derecho”. En la declaración oficial se sostiene que la operación constituye un nuevo capítulo de la presión internacional que, aseguran, Estados Unidos mantiene sobre Venezuela mediante sanciones económicas, acciones judiciales y medidas diplomáticas.
El gobierno venezolano también atribuyó responsabilidades a figuras de la oposición. Señaló directamente a María Corina Machado, Edmundo González, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y al abogado José Ignacio Hernández, a quienes acusó de haber facilitado el proceso judicial que condujo a la subasta de Citgo. Además, calificó como “delincuencia organizada” a la Asamblea Nacional electa en 2015, cuyos integrantes han continuado sus funciones en paralelo bajo el argumento de la ilegitimidad de las elecciones presidenciales de 2018 y posteriores. Según el comunicado, este grupo habría actuado de forma coordinada para que los activos de Citgo quedaran bajo control de juntas ad hoc designadas por el llamado “gobierno interino”.
Rodríguez comparó el caso de Citgo con el litigio por el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra y sostuvo que ambos procedimientos forman parte de una misma estrategia orientada a despojar al país de sus activos internacionales. La vicepresidenta afirmó que el fondo que adquirió Citgo estaría “registrado como financista de un alto funcionario del actual gobierno de Estados Unidos”, aunque no ofreció nombres ni detalles.
En sus declaraciones, Rodríguez aseguró que el valor actual de Citgo asciende a 12.000 millones de dólares y que la empresa genera entre 4.000 y 5.000 millones de dólares anuales en dividendos. Señaló también que, desde 2019, las juntas ad hoc habrían manejado dividendos por 24.000 millones de dólares, fondos que, de acuerdo con la versión oficial, fueron utilizados para financiar actividades políticas de la oposición y “grupos extremistas”.
El Nacional
