Gobierno de Maduro investiga a Patricia Bullrich y Gerardo Werthein por implicaciones en caso de gendarme detenido

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Publicada: diciembre 28, 2024
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El Ministerio Público de Venezuela ha anunciado la apertura de una investigación contra la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el canciller Gerardo Werthein. Esta acción se produce en el contexto del caso del gendarme Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido bajo acusaciones que comprometen la seguridad nacional, según informa la agencia Efe.

De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones realizadas por organismos judiciales venezolanos apuntan a una posible conexión directa de Bullrich con la cadena de mando del grupo señalado como responsable de actos desestabilizadores. La Fiscalía ha indicado que este vínculo está documentado en el expediente del caso, en el que también se menciona a Werthein.

Un comunicado difundido por la institución a través de redes sociales declara que ambos funcionarios argentinos han sido considerados personas de interés en la causa. Esta medida responde a declaraciones públicas realizadas por Bullrich y Werthein que el gobierno socialista ha calificado como elementos incriminatorios.

En una rueda de prensa, Bullrich y Werthein han rechazado las acusaciones contra Gallo, describiéndolas como «falsas y desprovistas de fundamento». Ambos han afirmado que el gobierno argentino está comprometido con la resolución del caso y garantizará los derechos del gendarme.

Por otro lado, la Fiscalía venezolana ha reiterado que existen pruebas de que Gallo participó en actividades que representan una amenaza a la seguridad de la nación. Además, ha asegurado que Bullrich habría autorizado el viaje del gendarme sin informar previamente a las autoridades venezolanas, acto que consideran requiere ser aclarado ante la ciudadanía argentina.

El Ministerio Público ha añadido que Gallo fue detenido tras ingresar de manera irregular a territorio venezolano, bajo la apariencia de un viaje personal, aunque las investigaciones sugieren un objetivo distinto vinculado a «acciones desestabilizadoras».

El ente judicial concluye que el caso forma parte de un contexto más amplio relacionado con supuestas actividades de grupos internacionales asociados a la ultraderecha, señalando la necesidad de continuar con las investigaciones para determinar responsabilidades.

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