La mañana de este lunes 5 de enero, la población venezolana comenzó a sentir las repercusiones de la aprehensión de Nicolás Maduro, tras emitirse órdenes de arresto contra personas que hayan apoyado el ataque estadounidense que derivó en su derrocamiento, así como un decreto que moviliza a la Fuerza Armada y somete sectores estratégicos a control militar.
El gobierno encargado de Venezuela, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ordenó a los cuerpos de seguridad detener a toda persona vinculada con la promoción o respaldo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio venezolano, con el objetivo de ponerlas a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal. La instrucción fue dirigida a los órganos de policía nacionales, estadales y municipales.
Según el texto de la orden, “los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa”.
A pesar de este anuncio, no se observa presencia del Ejército ni de la Guardia Nacional en las calles, mientras se multiplican las denuncias de revisión de vehículos por parte de colectivos paramilitares. La mayor presencia reportada se concentra en la Avenida Boyacá, también conocida como Cota Mil, una arteria vial que recorre una parte de la ciudad de Caracas en sentido oeste-este.
La tarde de este lunes fue publicado un decreto que ordena la movilización de la Fuerza Armada del régimen y autoriza el uso de “todo el potencial existente”, sometiendo sectores estratégicos, como la industria petrolera y los servicios básicos, a control militar. El texto faculta además al Ejecutivo para restringir el libre tránsito, cerrar fronteras, limitar reuniones y manifestaciones, requisar bienes y dictar regulaciones económicas y sociales excepcionales.
El decreto establece una vigencia inicial de 90 días, prorrogables, y deja sin efecto cualquier ley que sea incompatible con las medidas adoptadas en el marco de estas disposiciones.
En paralelo, la tarde de este mismo lunes 5 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que al menos 14 periodistas y trabajadores de la prensa han sido detenidos durante la mañana y primeras horas de la tarde, la mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores. Hasta el momento, tres de estas personas han sido liberadas, mientras se solicita a las autoridades la liberación inmediata de todos los detenidos.
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