El partido político Primero Justicia anunció la separación de sus destacados dirigentes Henrique Capriles y Tomás Guanipa debido a su decisión de participar en las elecciones regionales y parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 25 de mayo. Esta decisión ha generado un profundo impacto en la política venezolana, especialmente en el seno de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
En un comunicado oficial, María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, expresó que el proceso electoral convocado por Nicolás Maduro es considerado ilegítimo por su partido, describiéndolo como un «intento de perpetuarse en el poder mediante la imposición del Estado comunal». Ante esta situación, la dirigente subrayó la importancia de mantener una unidad política sólida con el pueblo venezolano y con el liderazgo legítimo, rechazando la formación de un comando de campaña impulsado por Capriles y Guanipa.
La decisión de Capriles y Guanipa de apartarse marca un notable desacuerdo con la línea política establecida por la Plataforma Unitaria y contradice las decisiones de figuras prominentes como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. El comunicado de Primero Justicia enfatiza que esta separación responde a una violación de los principios institucionales del partido, que defiende la voluntad popular expresada en las votaciones del 28 de julio.
Martínez y otros líderes, entre ellos Juan Pablo Guanipa, han reafirmado su apoyo a la líder opositora María Corina Machado en su llamado a no participar en procesos electorales hasta que se reconozca la victoria de González Urrutia en julio. Este consenso refuerza el compromiso de Primero Justicia con el rescate de la democracia en Venezuela, especialmente a través del poder del voto como mecanismo legítimo de cambio.
Mientras tanto, otros partidos dentro de la Plataforma Unitaria, como Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela, han manifestado su disposición a participar en los comicios. En contraste, agrupaciones como Encuentro Ciudadano, La Causa R y Voluntad Popular (VP) insisten en que no se deben celebrar nuevas elecciones sin que se respete la voluntad popular de cambio expresada en julio.
La dinámica política venezolana enfrenta un nuevo capítulo de desafíos, con divisiones internas que podrían tener profundas repercusiones en el futuro del país y su búsqueda por una democracia auténtica y representativa.
