La situación de María Oropeza, directora del Comando ConVzla en el estado Portuguesa, ha generado preocupación y clamor por justicia, al cumplirse tres meses de su detención sin fundamento legal claro. Oropeza fue aprehendida durante un allanamiento efectuado sin orden judicial en su residencia en Guanare, lo que ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como una detención arbitraria.
Desde su encarcelamiento en el Helicoide, un notorio centro de detención en Caracas, a Oropeza se le han imputado cargos de terrorismo e instigación al odio. Sin embargo, el proceso ha sido criticado por la falta de garantías legales, incluyendo la restricción al acceso a abogados de confianza y la prohibición de comunicarse con su familia.
Flor Oropeza, madre de María, ha ofrecido declaraciones destacando las irregularidades del caso. Según Flor, a su hija se le informó de una audiencia preliminar apenas tres minutos antes de su realización, impidiéndole así preparar una defensa adecuada. Ante esto, la familia ha solicitado la revocación del defensor público asignado, por considerar que no representa adecuadamente los intereses de María, y ha insistido en el nombramiento de un defensor privado que pueda llevar el caso con imparcialidad.
La madre de Oropeza, junto con diversas organizaciones y activistas de derechos humanos, hace un llamado urgente a las autoridades para que se revoque la detención y se garantice un juicio justo. «Seguimos exigiendo su liberación inmediata y la de todos los presos políticos», señaló Flor Oropeza, enfatizando la importancia de respetar los derechos fundamentales.
El caso de María Oropeza se ha convertido en un emblema de la lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos en el país, sumándose a la creciente lista de activistas y líderes que enfrentan procedimientos judiciales cuestionables. Los próximos desarrollos en este caso serán cruciales para determinar el curso de la justicia en esta desafiante región.
