La Iglesia venezolana reafirmó su compromiso con el diálogo como vía para alcanzar acuerdos en medio de la crisis política que vive el país, surgida tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. En estas elecciones, Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció el resultado como fraudulento.
Durante una rueda de prensa organizada por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), el arzobispo Manuel Díaz, de la ciudad de Calabozo, enfatizó la importancia del diálogo, incluso entre aquellas partes con «distintas ideologías». «La Iglesia sostiene que es una actitud humana mediante la cual podemos llegar a acuerdos», manifestó Díaz, destacando que el diálogo es esencial para el bien común.
El sacerdote afirmó: «Hay otras maneras de resolver los conflictos» y subrayó que el diálogo es «la que se adapta más a la condición y dignidad humana». Díaz expresó su esperanza de que la invitación al diálogo de la Iglesia sea acogida por todas las partes, resaltando que la institución se mantiene imparcial políticamente.
Además, el arzobispo mostró su solidaridad con los 20 periodistas que, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, se encuentran detenidos en Venezuela. «Cuando los periodistas y los demás comunicadores sociales son perseguidos, hay una vulneración real de esta libertad de expresión», declaró Díaz.
La crisis política se agudizó después de que la PUD asegurara que su candidato, Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio, había vencido a Maduro. La oposición publicó como «prueba» más del 85% de las actas electorales recabadas por testigos y miembros de mesa, las cuales el gobierno desestima como falsas.
En este complicado escenario, más de 2.400 personas fueron detenidas y acusadas de «terroristas», aunque la mayoría ya ha sido excarcelada. La oposición sostiene que estos arrestos son de naturaleza política. Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 940 presos políticos, cifra que el Gobierno y la Fiscalía refutan, argumentando que estas personas están encarceladas por haber cometido delitos diversos.
Con información de Efe