Los familiares de más de 700 presos políticos en Venezuela enfrentan una angustiosa incertidumbre respecto al estado de salud y las condiciones de encarcelamiento de sus seres queridos. Estos detenidos, trasladados recientemente al Internado Judicial de Aragua (Tocorón) y al Internado Judicial de Tocuyito en Carabobo, han sido mantenidos en completa incomunicación, sin acceso a visitas ni a sus abogados.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha documentado graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y condiciones inhumanas de detención. En el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, se han recibido alarmantes denuncias de maltrato a mujeres detenidas. Además, se ha informado sobre la excarcelación de 76 adolescentes, una medida que viola los derechos internacionales de protección para menores.
La privación de visitas y la falta de contacto con equipos legales crean un entorno propenso a abusos y torturas, aumentando la vulnerabilidad de los detenidos y el sufrimiento de sus familiares. Estos deben enfrentar gastos exorbitantes para intentar obtener información sobre sus seres queridos, con costos que incluyen transporte, alimentación y alojamiento, a menudo sin resultado alguno.
El clima de represión y el incumplimiento de las medidas provisionales emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reflejan un desdén por las obligaciones internacionales del Estado venezolano, exacerbando la crisis humanitaria en el sistema penitenciario.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Secretario General de la ONU han expresado su preocupación por la detención arbitraria y el deterioro de los derechos humanos en Venezuela. El OVP exige el fin inmediato de la tortura, la incomunicación y el trato inhumano, así como el respeto a los derechos y al debido proceso de todos los detenidos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
