Durante el mes de enero de 2025, se registró un notable aumento en las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, según denunció la organización no gubernamental Espacio Público. De acuerdo con su informe mensual, se documentaron un total de 67 incidentes que vulneraron este derecho fundamental.
En el desglosado de las violaciones, la organización identificó 27 actos de censura y 18 restricciones administrativas. Las víctimas de estos actos incluyen 27 individuos y entidades: 7 páginas web o plataformas en línea, 6 periodistas, 5 ciudadanos, 5 particulares, 2 medios de comunicación, 1 camarógrafo o técnico, y 1 trabajador público. Además, se registraron 9 detenciones arbitrarias, principalmente de periodistas y ciudadanos comunes.
Espacio Público señaló que el Estado fue responsable de la mayoría de estas violaciones, con 30 realizadas por instituciones públicas, seguidas de 8 por cuerpos de seguridad, 3 por funcionarios, y 1 por el Poder Ejecutivo. Adicionalmente, 20 violaciones fueron atribuidas a operadoras privadas de internet.
En un incidente alarmante, el director de Espacio Público, Carlos Correa, fue interceptado por «funcionarios encapuchados, sin identificación» cerca del Palacio de Justicia en Caracas, quedando bajo desaparición forzada hasta el 16 de enero. Durante este periodo, no se ofreció información clara sobre su paradero ni se respetaron sus derechos procesales, según denunció la ONG.
La organización también documentó incidentes de bloqueo digital. Entre ellos, se destacó el bloqueo del sitio web de diseño gráfico Canva por parte de la estatal Cantv, así como la interrupción temporal del acceso a la aplicación TikTok durante las madrugadas del 10, 11 y 12 de enero. Estas acciones coincidieron con la juramentación ante el parlamento -controlado por el chavismo- de Nicolás Maduro, proclamado ganador de las elecciones presidenciales de julio, las cuales fueron denunciadas por la oposición mayoritaria como fraudulentas.
Espacio Público continúa monitoreando y denunciando estas situaciones, subrayando la necesidad de proteger y respetar la libertad de expresión en Venezuela como un derecho fundamental para todos sus ciudadanos.
